Una perito de Hacienda que realizó, por encargo judicial, un estudio económico de la Inmobiliaria San Saturnino, vinculada a la familia del cambadés y que según el Fiscal se usó para “lavar” dinero del narcotráfico, aseguró que el incremento patrimonial de la empresa “no se justifica con sus ingresos”.
“Para mí no se justifica su patrimonio, ni el movimiento económico, con sus ingresos”, dijo la técnica, que detectó en su estudio que los gastos de la inmobiliaria eran “superiores a sus ingresos”, que procedían de los alquileres de locales, viviendas y las naves del astillero O Facho, constatando además la adquisición de diversas propiedades por un precio “notablemente inferior” a su valor de tasación.
En este sentido giraron las preguntas de los letrados de la defensa que a lo largo de la vista oral incidieron, entre otras cuestiones, en los “errores” que, a su juicio, ha cometido la empresa consultora Valmesa al tasar de manera “sobrevalorada” los bienes objeto de esta causa.
El abogado de la exmujer de Miñanco, Alejandro Vega, criticó que todo el informe de esta perito “se sustente en una premisa que no depende de ella”, que es la valoración de los inmuebles hecha por Valmesa. Además, el letrado incidió en que esta perito no ha visto la contabilidad de los acusados “del año 2001 hacia atrás”. “Sería como realizar una inspección de Hacienda por aproximación”, comentó.
Durante su intervención, la perito rectificó ante el juez su informe inicial para asumir que también había una “desproporción” en el patrimonio de la exmujer de Sito Miñanco, algo que antes no había concluido. Sin embargo no precisó en cuánto cifra esa “desproporción”. Está técnica también afirmó que no detectó ningún movimiento económico procedente del narcotraficante, aunque precisó que ese tampoco era su encargo.
Detalles
A tenor de esta cuestión, Gonzalo Boye, abogado de Prado Bugallo, destacó que los dos peritos de Hacienda coincidieron en señalar que “no había ninguna evidencia” de que el dinero del cambadés o de los otros acusados esté relacionado con el blanqueo de capitales. “Lo otro es que nos pidan un certificado de beatificación, que no lo vamos a tener, evidentemente”, ironizó, tras lo que indicó que el supuesto blanqueo “no se ha probado” con los peritos.
El juicio se retomará el lunes 26 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia pontevedresa. El Ministerio Público pide para cada uno de los acusados seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros. Les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de San Saturnino, 10 millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia