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miércoles | 24 abril | 2024
El caso del edificio destinado a gimnasio del instituto Calasancio de Dorrón al que la APLU obliga a reponer la legalidad urbanística se complica. En una de las alegaciones ya presentadas ante el órgano autonómico se subraya que en el expediente no se hace referencia al apartado de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia que hace referencia a los movimientos de tierras que supongan una agresión al medio natural. “Estuvieron durante tres meses excavando y extrayendo piedra y arena de la finca, alterando totalmente la forma original de la montaña en la que se encuentra la finca”, apunta el escrito.
No es el único problema que a juicio del denunciante del caso se presenta en este caso y que la APLU no ha tenido en cuenta. “Los autobuses que llegan hasta la puerta de las instalaciones deportivas no pueden circular más debido a que la pista se reduce de tamaño y no permite su tránsito. En ese momento se paran y los pasajeros se bajan del autobús (todo ello en una curva cerrada y sin visibilidad), poniendo en peligro la integridad física de los pasajeros y no permitiendo que circulen otros vehículos por la vía por la falta de espacio”, señala en la alegación. A esta situación añade también que “los autobuses no pueden dar la vuelta, lo que origina que tengan que circular marcha atrás más de 300 metros”.
También hace referencia a otro incumplimiento de la ley del suelo cuando hace referencia a que “se mantendrá el estado natural de los terrenos, o en su caso, el uso agrario de éstos o con plantación de arbolado o especies vegetales en, al menos la mitad de la superficie de la parcela”.
Finalmente se solicita en el escrito de alegación que a la “mayor brevedad posible”, teniendo en cuenta que ya ha pasado más de un año y medio desde el inicio de las obras, se restablezca la legalidad urbanística, así como que en la medida de lo posible se exijan responsabilidades de las personas que “permitieron” la ejecución de la mencionada construcción, no cumpliendo de esta manera con su obligación de controlar, supervisar y hacer cumplir la Legalidad Urbanística.
La APLU ha abierto un plazo de quince días hábiles para poder presentar las alegaciones, documentación o informaciones que estimen convenientes y, en el caso de que no tengan por ciertos los hechos por los que se incoa es expediente urbanístico proponga pruebas . l
