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martes | 23 abril | 2024
El Pleno de Sanxenxo aprobó este lunes los prespuestos del curso 2023, que superarán los 39 millones de euros, con un aumento de 6,7 millones con respecto al actual y en el que se incluyen las partidas del Concello y los organismos de Ínsula, Turismo, Terra y Nauta. La oposición se unió en contra de las cuentas por presentar “uns orzamentos cautivos” al “obviar los pagos de la sentencia a la familia Rocafort”.
La concejala de Facenda, Paula Martínez, subrayó la importancia de continuar “con los mismos objetivos”, cuyo eje principal son los impuestos bajos y “mantener el IBI en el mínimo que permite le ley, algo que venimos haciendo desde 2017, año en el que lo reducimos un 20 %. Rebaja que ha supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros anuales para las familias y los negocios de Sanxenxo”. Asimismo, este plan se complementa con ofrecer “servicios de calidad y mantener inversiones que los vecinos nos demandan”.
Asimismo, las cuentas incluyen en su desglose el último pago de los primeros 4 millones de la expropiación de los Rocafort, ya que el gobierno local defiende que están a la espera de “que los tribunales confirmen si aceptan los plazos en los que hemos propuesto abonar el resto”.
La oposición centró en este tema el blanco de sus críticas. La portavoz del PSOE, Ainhoa Fervenza, achacó al ejecutivo que presente “uns orzamentos cautivos” y, en la misma línea, Vanessa Rodríguez, representante de Ciudadanos, afeó que solo se contemplen 4 millones de euros, cuando se deben pagar aún 10 millones, una cantidad “que indudablemente va a condicionar la economía del Concello”.
La edil del BNG, Sandra Fernández, hizo hincapié en que “os veciños non deberían ter que pagar por sentencias urbanísticas por culpa da mala xestión do PP”, así como pidió al grupo de gobierno que no sacara pecho por el buen funcionamiento de la externalización como en el caso del SAF o del de socorrismo, que mostraría la “falta de xestión” del gobierno local.
Por su parte, el alcalde, Telmo Martín, recalcó la deuda cero del Concello y aseguró que la institución “esta saneada perfectamente”. Igualmente, ante las quejas de la oposición ante su gestión para conseguir ayudas, el regidor subrayó la tramitación de proyectos como el convenio con el Ayuntamiento de Poio, con el cual se invertirá en la red de saneamiento más de 25 millones de euros.
La aprobación del convenio con la Sareb para promover una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Munipal (PXOM) —en la que el denominado banco malo cede tres parcelas destinadas a 1.625 viviendas, un campo de golf y zonas verdes, en el Alto de Miraflores, Monte Faro y entre Altamira y Vilalonga— creó una gran oposición en el BNG y PSOE, en especial en lo relativo al SU-14, la parcela de Monte Faro, en la que el gobierno local tiene proyectado albergar un campo de golf.
En el caso de Fernández, calificó de “aberración” este proyecto “coa que está caendo co cambio climático” y las restricciones de agua que se aplicaron en verano. Sin embargo, la portavoz sí se mostró en concordancia con el planteamiento del SU-27 (Vilalonga), calificándolo como “urbanismo harmónico” dirigido a “xóvenes e maiores”.
Sobre las críticas de falta de zonas verdes, María Deza, teniente de alcalde, aclaró que con este convenio habrá 1,3 millones de metros cuadrados para espacios públicos y verdes.
