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jueves | 25 abril | 2024
El Pleno de Sanxenxo aprobó por unanimidad el pasado lunes la petición a la Consellería de Política Social de contratación de forma permanente de dos equipos completos formados por facultativos, psicólogos, trabajadora socoal y personal administrativos en el centro de valoración de discapacidad de Pontevedra. En la moción presentada por el BNG se expuso la “preocupante” situación en 2018. “A espera xa non é de un ano e medio. Lonxe de mellorar este servizo, a situación empeorou de forma notoria cunha espera actual de ata tres anos sendo a provincia de Pontevedra máis dramática”, apunta el texto de la moción.
El texto defendido y expuesto por la concejala nacionalista, Sandra Fernández Agraso, apunta que existe una entrada media de 4.500 expedientes anuales, con una resolución de menos de 3.000 por lo que cada año se van acumulando un mínimo de 1.500 expedientes sin resolver. El BNG se hace eco de la denuncia del personal de este centro de valoración que desde hace años demanda más personal para reducir las listas de espera. Fernández Agraso recuerda en el texto de la moción que en 2016, siendo concejala de Servizos Sociais, remitió una carta a la Valedora do Pobo informándole del período de espera que en ese momento alcanzaba ya el año y medio y también que tomase las medidas oportunas.
IBI
Los votos en contra del Partido Popular y de SAL impidieron que saliese adelante la moción presentada por Vanessa Rodríguez Búa, edilno adscrita, en la sesión plenaria celebrada ayer y en la que se instaba al Gobierno local a solicitar del Ministerio la supresión de la tasa de regularización catastral de 60 euros, aplicable a todos los vecinos afectados.
Tras explicar Vanessa Rodríguez lo que supondrá la aplicación de esta regularización en cuanto a recaudación municipal por IBI, la concejala instó al gobierno municipal a promover una rebaja de este impuesto proporcional al aumento de los ingresos derivados del proceso de regularización catastral.
Durante su exposición, Vanessa Rodríguez Búa explicó que este procedimiento tiene tres consecuencias económicas inmediatas para el propietario de un inmueble: el abono de la tasa de 60 euros; un incremento del IBI si se verifica un aumento del valor del bien y la obligación de abonar al Concello la diferencia de los últimos cuatro años.
Según explicó la edil de Sanxenxo Independientes, las cantidades astronómicas que están recaudando tanto el Ministerio de Hacienda, como los municipios de toda España con motivo de este proceso de revisión catastral, dejan en evidencia que el coste de la revisión podría ser asumido en su totalidad por la propia administración sin aplicar la tasa de los 60 euros a los vecinos. El edil de Economía, Marcos Guisasola, argumentó en su intervención que el desconocimiento de la obligatoriedad de dar de alta las propiedades en el Catastro no exime a un propietario de su deber de pagar. Además, el edil de Economía reprochó a Rodríguez Búa “el cambio de criterio” y le recordó que el PP desde la oposición forzó una rebaja del IBI del 10%.
Rodríguez Búa le replicó que en ese caso el único objetivo que se perseguía era “desestabilizar al gobierno algo que no sucedería en este caso”.
