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jueves | 18 abril | 2024
La Policía Nacional ha inmovilizado diez toneladas de almeja japónica capturada por furtivos en Portugal e introducida ilegalmente en España en el marco de una macrooperación desarrollada hace dos semanas contra una organización “criminal” que estaba “blanqueando” su entrada en el mercado nacional. En total, los agentes realizaron 19 entradas y registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias de Santander, Huelva, Guipúzcoa y Pontevedra. De hecho, en la gallega se hicieron entradas en depuradoras de O Grove, Cambados y Poio. Hay una veintena de investigados por delitos de blanqueo y fraude, entre otros. El dispositivo se desarrolló en colaboración con la Policía Marítima de Portugal, Gardacostas, el Servicio Veterinario de la Xunta, los servicios de inspección de pesca de Galicia, Cantabria y Huelva y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Guipúzcoa.
Pagaban tres euros al furtivo
Los investigadores localizaron una veintena de viveros que comprarían el marisco irregularmente capturado en territorio luso y distribuido en España con documentación falsificada. Sostienen que esta “presunta organización criminal” compraba las almejas a furtivos portugueses por unos tres euros el kilo para después venderlas a los viveros españoles a siete, aproximadamente. Finalmente el producto llegaba al mercado español a entre 10 y 12 euros el kilo. De hecho, según la Policía Nacional, obtenía “pingües beneficios” de la compraventa de esta almeja, “deficitaria en el mercado español e invasiva en las costas contaminadas donde se capturaba”.
Dos años de trabajo
Fue en el año 2015 cuando se recibió, a través de la Agregaduría de Interior de España en Portugal, una comunicación de la Policía Marítima de Lisboa en la que se indicaba la existencia de una banda organizaba que seguía este “modus operandi”, es decir, se dedicaba al marisqueo ilegal en zonas contaminadas de la costa y destinaba el molusco a la venta ilícita en España utilizando documentación falsificada. A partir de ese punto se mantuvo una comunicación permanente con las autoridades portuguesas para determinar qué medios utilizaban y localizar los lugares de almacenamiento y distribución en territorio español.
Desde el país vecino consiguieron determinar el nombre de los transportistas que se estarían dedicando a la introducción del marisco, así como algunos de los vehículos industriales utilizados. De este modo se llegó hasta alguna de las empresas que recibirían la mercancía. Tras exhaustivas pesquisas documentales y sobre el terreno, se identificó a una veintena de viveros de Santander, Huelva, Guipúzcoa y, principalmente, en Pontevedra, “que estarían “blanqueando” la entrada de almejas japónicas en el mercado nacional”, es decir, que compraban el producto a los furtivos.
En el año 2017, y con el fin de acreditar este tráfico ilícito de almeja japónica desde Portugal, las autoridades lusas pararon varios vehículos comerciales de la organización criminal e intervinieron más de cinco toneladas de este marisco con documentación falsa. De su estudio pudieron acreditar que se estarían falsificando los documentos administrativos oficiales en alguna imprenta de España, facilitando datos a los investigadores españoles con el objeto de proceder a su localización y tratar de determinar el grado de implicación de dicha empresa en la estructura organizativa de la banda.
Una vez que se pudo acreditar la compra de marisco procedente de esta supuesta banda por parte de los viveros españoles y otros comercios, así como el lugar exacto donde se estarían falsificando los documentos oficiales portugueses, se llevó a cabo una nueva reunión con las autoridades lusas. El resultado fue la ejecución de una comisión rogatoria internacional a los diferentes partidos judiciales donde se había sacado a la luz la ilícita actividad.
Como consecuencia de las actuaciones operativas se realizaron un total de 19 registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias de Santander, Huelva, Pontevedra y Guipúzcoa. Un total de 20 personas jurídicas y dos personas físicas están siendo investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales, según informó la Policía Nacional.
