El Pósito defiende que procedió con todas las garantías en la sanción a una mariscadora

La Cofradía aseguró ayer que el procedimiento seguido en la apertura del expediente a una mariscadora por insultos a la vicepatrona se realizó con todas las garantías, negando que se vulnerasen sus derechos a la defensa. No obstante, considera que está en su legítimo derecho a discutir la decisión en la justicia, como ha hecho con la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
Fuentes del Pósito explicaron que “todo proceso disciplinario tiene un procedimiento reglado con un criterios preestablecidos para sancionar con hechos acreditados y así ha sido”. Insistieron en que “en ningún caso ha sido una sanción arbitraria” y que incluso hay testigos de la “falta de respeto, insultos y amenazas” supuestamente proferidas por esta mariscadora contra la vicepatrona. Además incidieron en que hay “prolífica jurisprudencia” y los propios estatutos de la entidad, respaldan este tipo de decisiones cuando se producen situaciones como la sucedida.

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Desde la Cofradía también indicaron que se le impuso la sanción mínima, de unos 200 euros, “a efectos de que no se vuelvan a repetir este tipo de conductas”. No obstante, consideran “muy legítimo” que la afectada recurra a las vías que considere oportunas si está en desacuerdo con la apertura del expediente.
Con todo, niegan que se hayan vulnerado sus derechos a la defensa en este asunto, así como que el procedimiento no haya seguido las normas establecidas y defienden que se realizó “con todas las garantías”. Es más, consideran que prueba de ello es que la decisión se adoptó en reunión de la Xunta Xeral de la Cofradía, rechazando, como defiende la trabajadora, que es el Cabildo el órgano competente para adoptar estas resoluciones. Y es que “es el máximo órgano de gobierno” de la entidad, añadieron. Asimismo negaron que expirase el plazo legal para abrir el expediente, como alega la recurrente.
Por otra parte, en cuanto al origen de la discusión, desde el Pósito indicaron que la vicepatrona, como directiva de la entidad está legitimada a incautar un lote de marisco. “Tanto los guardapescas como los directivos tienen el deber de velar porque se cumplen todas las condiciones de trazabilidad del producto, desde el mar hasta la lonja y si hay marisco que no sale de la playa no se puede facturar, hay que devolverlo al mar”, añadieron. También afirmaron que esta acción se realizó siguiendo el protocolo y destacó el hecho de que la afectada “no presentó recurso alguno” por este asunto y les causa sorpresa.