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jueves | 25 abril | 2024
La Proposición Non de Lei que En Marea defendió ayer en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego, a respecto de la situación del geriátrico vilanovés, fue aprobada por unanimidad, incluyendo los votos del grupo popular. La formación izquierdista presentó las más de 7.000 firmas ciudadanas recogidas contra el cierre del centro y en una sesión seguida por representantes de familias, vecinos y trabajadores, hubo consenso para exigir a la Xunta la búsqueda de una solución al cierre de esta residencia Valle-Inclán y a un incremento de las plazas públicas de atención a mayores en la comarca de O Salnés.
La portavoz de Asuntos Sociales del PP, Marta Rodríguez Arias, contestó a las duras críticas de toda la oposición por el largo conflicto del geriátrico y la enquistada situación actual. Tras anunciar el apoyo de su partido a la propuesta presentada por En Marea, quiso puntualizar que “a día de hoxe” la residencia “xa non é un centro de servizos sociais, xa que foi clausurado e confirmada esa clausura en vía xudicial”. Por ello, cree el PP que la “única solución viable” pasaría por que “unha entidade inicie novamente o proceso de autorización do centro mediante o procedemento regulamentariamente establecido e achegando a documentación que se require pola normativa”.
Además, comprometió que la Consellería sí recibirá a las partes afectadas, tal y como estas pidieron por correo electrónico a finales de marzo, tras una larga espera después del famoso acuerdo plenario de Vilanova el pasado mes de noviembre en el que el objetivo, justamente, era ser recibidos para buscar alternativas.
Más plazas en O Salnés
El acuerdo unánime también pasó por instar a la Xunta a la creación de más plazas públicas residenciales de atención a mayores en la comarca, reconociendo los conservadores que las 168 actuales son insuficientes. A pesar de ello defendió que la administración autonómica invierte 2,4 millones anuales en ellas.
La popular aún recordó el largo procedimiento de control, inspección y gestiones administrativas frente a las irregularidades de las empresas ligadas al geriátrico, que han derivado, finalmente, en la puesta del caso en manos de la Fiscalía, en un procedimiento penal. Con ello, Rodríguez Arias se defendió, así, de la acusación de que “a Xunta non fixo nada”.
El socialista Julio Torrado reprochó que “en dez anos, as prazas públicas directas creadas pola Xunta foron cero”, incumpliendo Galicia (3 %) la ratio mínima del 5 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Para Torrado, la situación del geriátrico vilanovés es, además de “bastante chocante”, “estraña, e de tan estraña, sospeitosa”. Lamentó, además, la ausencia del alcalde, Gonzalo Durán, del Pleno municipal en que se debatió la cuestión y acusó al PP de hacer un “xogo de funambulistas” en la política respecto a este centro.
La nacionalista Montse Prado hizo un repaso del “entramado empresarial” que durante años sumió en un largo conflicto a la Valle-Inclán, con “enxeñería financeira” e incumplimientos concursales, despidos e incluso atención a mayores sin la obligada inscripción de la empresa en el registro de prestadores de servicios sociales. Al no existir tal trámite y perpetuarse una situación empresarial irregular, acusó no solo a la Xunta sino también al Concello de “connivencia” en la precariedad y falta de control de las diferentes licencias y hasta de servicios como el agua y la basura.
La defensora de la propuesta, la diputada de En Marea Paula Verao, lamentó que hubiera que llegar hasta el Parlamento para acatar la petición hecha en el Pleno vilanovés y para intentar buscar una salida. Criticó igualmente la “dramática falta de prazas” y la política social de la Xunta, que como única alternativa a los residentes afectados por el cierre propuso su traslado a otros centros, bien con precios de hasta 3.000 euros al mes, o demasiado alejadas, caso, por ejemplo, de O Barco de Valdeorras.
