• Sábado, 22 de Septiembre de 2018

Prisión para el dueño de un club de Meis por obligar a tres mujeres a prostituirse

Un meisino de nacionalidad brasileña, y de 33 años propietario del club Pigalle, en Meis fue detenido y puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Cambados

Prisión para el dueño de un club de Meis por obligar a tres mujeres a prostituirse
Un furgón de la Guardia Civil en una imagen de archivo en los juzgados de Cambados | d. a.
Un furgón de la Guardia Civil en una imagen de archivo en los juzgados de Cambados | d. a.

Un meisino de nacionalidad brasileña, y de 33 años propietario del club Pigalle, en Meis fue detenido y puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Cambados, que ha decretado su ingreso en prisión con una fianza de 12.000 euros, acusado de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por obligar a prostituirse bajo “coacciones y amenazas” a tres mujeres que habría traído engañadas desde Venezuela.
Las víctimas, de entre los 18 y 24 años, fueron liberadas por la Guardia Civil y llevaban tres meses en España en situación irregular cuando, en la noche del 9 de julio, agentes del Equipo de Mujeres y Menores (Emume) acudieron al burdel tras conocer –a través del puesto de Cambados– de que habría dos mujeres sometidas a explotación sexual.
Las jóvenes declararon que les había prometido venir a trabajar a un hotel como “camareras, haciendo camas y limpiando habitaciones”. Sin embargo, al llegar al local, el propietario supuestamente les reclamó 3.000 euros en concepto de deuda por los billetes y los gastos del viaje; una cantidad que podían devolver “poco a poco y que aún así les sobraría poder enviar dinero para mandar a su país y ayudar a sus familias”, según la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba.
En su comparecencia acompañada por el coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González, y la responsable del Emume, Lucía González, Larriba calificó la explotación sexual como una forma de “violencia machista” y aseguró que el tráfico de seres humanos será “una de las banderas” que enarbolará al frente de la Subdelegación. También calificó este equipo como “pieza clave” en la detención de este “sensible y cruel” ámbito de la explotación de personas. 
El jefe de la Comandancia precisó que la investigación sigue “abierta”, a expensas de que las indagaciones de los agentes permitan descubrir otras irregularidades.

Inspecciones y antecedentes
El Pigalle había sido motivo de al menos dos inspecciones anuales en los últimos cinco años, de las que habían resultado delitos de contrabando y consumo de drogas. El propio dueño, que reside legalmente en Meis, tiene antecedentes penales, según González.
Estas inspecciones periódicas responden, como explicó González, al mandato del Ministerio de Interior que, “si es posible” se incrementan en número y también en caso de “sospecha”.
En esta línea de trabajo, la Guardia Civil colabora con la Policía Nacional y las delegaciones de la Inspección de Trabajo a nivel estatal y autonómico para verificar la validez de la documentación correspondiente.
González lamentó que a pesar de estos controles, “es preocupante que haya una víctima” pero que el hecho de que no se detecte su presencia “no es que no exista”. “Tristemente es lo que sucede, muchas llegan engañadas, con amenazas reales y es complicado”, explicó sobre la actitud de las afectadas por estas mafias ante su temor a las represalias. Por ello, la subdelegada del Gobierno hizo un llamamiento a la “importante colaboración ciudadana”.
Por su parte, y desde un plano personal, el jefe de la Comandancia calificó de “positivísimo” el ingreso en prisión del detenido, aplaudiendo la medida adoptada por el juzgado de Cambados.
Sobre su futuro y el estado en el que se encuentran las mujeres rescatadas, y en virtud de los protocolos de colaboración suscritos para estos casos con diversos organismos, González señaló que están en un centro de “acogida” cuya ubicación no ha precisado por seguridad. “Lo normal es que se instruya un expediente para legalizar su situación” o incoar un expediente de expulsión, aunque también cabría la posibilidad de que “quieran volver” a su país de origen, añadió Larriba.

Solo recibían comida
Las víctimas eran forzadas a prostituirse en jornadas de hasta 11 horas consecutivas, hasta el extremo de ser “penalizadas económicamente” cuando no trabajaban, incluso enfermas, relató la subdelegada. A cambio, solo recibían un plato de comida al día y durante el tiempo que permanecieron prácticamente cautivas –solo “esporádicamente” podían salir del club– “en ninguna ocasión han podido enviar dinero a Venezuela”. Al cabo de tres meses de padecer esta situación, “aún siguen debiendo entre 1.400 y 2.400 euros”, según declararon las propias víctimas. 
Entre el material incautado en esta operación “importante”, como la definió Larriba, la Guardia Civil ha hallado un cuaderno con nombres de mujeres y cantidades de dinero “a modo de contabilidad”, que supuestamente adeudaban.