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sábado | 20 abril | 2024
La empresa Nexia Infraestructuras SLU resultó adjudicataria de la obra de demolición de un conjunto de viviendas aisladas e inacabadas en el lugar Torre-Dorrón, al presentar una oferta de 41.744,15 euros, IVA incluido. La empresa tendrá la obligación de presentar un Plan de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra, que deberá presentar quince días después de la firma del contrato. Nexia Infraestructuras dispondrá de un plazo de 20 días para proceder a la demolición de los cuatro chalés de Dorrón.
Cabe recordar que el derribo de estas viviendas fue requerido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya en mayo de 2014, fecha en la que resuelve el primer recurso presentado por el Concello para tratar de evitar esta responsabilidad. Un año después, el pasado mes de agosto la jueza advertía que la inacción prolongada podría derivar en otro tipo de consecuencias para el gobierno local.
El juzgado apremiaba entonces la demolición y advertía que no admitía más demoras, por lo que el grupo de Gobierno puso en marcha de forma inmediata el proceso de licitación para la contratación del derribo de los chalés situados frente al cementerio.
El proyecto técnico de demolición, elaborado por una arquitecta externa a la plantilla municipal y entregado el pasado mes de octubre, fijaba en 55.000 euros el coste del derribo, licitándose finalmente por un coste inferior.
Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, en una sentencia dictada el 2 de febrero de 2011, dice textualmente que “es el Concello el obligado a la ejecución de las obras de derribo de las viviendas construidas al amparo de las licencias anuladas en la sentencia y ordenó requerir a la Alcaldía para que, de no haberse producido ese derribo, lo complete en el plazo máximo de dos meses desde esta resolución”. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ratifica en un Auto con fecha de 18 junio de 2014 el contenido de la sentencia, en lo que al derribo se refiere, toda vez que el Concello inició un proceso judicial para derivar la responsabilidad en la demolición sobre la promotora. Cabe recordar que las licencias de los cuatro chalés de Ferro Messego junto al cementerio de Dorrón se anularon por sentencia judicial en abril de 2008. Más tarde, el juzgado estimó también que el Concello debía indemnizar a la promotora lo que obligó a un desembolso cercano al medio millón de euros ya que la sentencia recogía que no resulta acreditado “incumplimiento alguno por parte de Ferro Messego ni en el emplazamiento ni en la construcción y ejecución de las obras”.
