SANXENXO - PSOE y BNG sospechan que la legalización de Progreso busca minimizar las imputaciones

La comisión de Urbanismo abordó ayer la legalización del Bloque B del edificio Progreso. La intención del Gobierno local es remitir el dictamen al juzgado de lo Contencioso-Administrativo —que ordenó el derribo del inmueble— para apoyar la petición de revocación de esa sentencia, toda vez que en la actualidad sería legalizable.
La alcaldesa se ausentó en este punto, al estar imputada por la concesión de la licencia a este edificio. Y también decidió irse el teniente de alcalde, José Luis Rodríguez, al considerar que era lo más prudente al haber sido citado como testigo por este mismo caso.
La oposición no tenía clara su intención de voto, pero interpretó la ausencia de José Luis Rodríguez —que dejó al Gobierno local con la única representación de María Deza— levantó una sospecha que enseguida hizo mella en la oposición.
Los portavoces de la oposición coinciden en indicar que Rodríguez, antes de abandonar la comisión, dijo que “aquí estamos acostumbrados a poñer primeiro as autopistas e logo os coches”. Y tanto José Buezas, portavoz del PSOE, como David Otero, del BNG, interpretaron esta frase como una justificación de que “non quería participar na legalización dunha obra que está baixo sospeita xudicial e da que hai responsables”.
Para José Buezas el comentario del concejal de Medio Ambiente es “intolerable. Non se pode ir pola vida dando leccións a todo o mundo cando a responsabilidade destes feitos é súa tamen”.
Pero tanto PSOE como BNG comparten una sospecha. Creen que si el Juzgado de lo Contencioso-administrativo admite que el edificio es legalizable, esa resolución sería enviada al Juzgado de Cambados para tratar de hacer decaer las imputaciones por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que pesan sobre políticos y técnicos respecto del Bloque B. Así de claro y contudente lo planteó ayer David Otero a lo largo de los 40 minutos que duró el debate de este punto en la comisión. “E María Deza non o negou”, concluye.
Totalmente opuesta fue la postura en la comisión de Gonzalo Pita, de SAL, que junto a María Deza votó a favor de la legalización. “Creo que un derribo iba a redundar moi negativamente nos veciños e si hai un resquicio legal temos a obriga de evitalo, sobre todo si temos en conta que se promoveu unha modificación puntual para, entre outras cousas, dar cobertura legal a este edificio”, explicó Gonzalo Pita. n