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miércoles | 24 abril | 2024
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento gallego debatió ayer la propuesta presentada por AGE en la que solicitaba el cese de la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, por su actuación en el procedimiento que derivó en la sentencia que ordena el derribo de parte de un edificio de Construcuatro en Silgar.
AGE solicitaba también que se asumiesen responsabilidades políticas derivadas de la misma sentencia, que ordena el derrivo al considerar que el edificio invade la zona de servidumbre de protección y anula un acuerdo del Consello de la Xunta de noviembre de 2011.
AGE logró en la comisión el respaldo de todos los grupos, excepto del PP.
Fue el diputado Santiago Freire quien centró la argumentación del PP en el hecho de que Encarnación Rivas fue gerente de Urbanismo de Sanxenxo solo hasta el año 2006. Sin embargo, el diputado de AGE, Antón Sánchez, aprovechó este dato para justificar la petición de cese, al insistir que Encarnación Rivas no solo utilizó su cargo en Sanxenxo para realizar “informes a medida para determinadas empresas, senón que fixo o mesmo dende o cargo que obstenta dende entón na Xunta e ao que se refire esta sentencia”.
El segundo argumento utilizado por el PP es que la sentencia no es firme, por lo que Construcuatro ha presentado ya un recurso de casación.
Antón Sánchez también consideró “pobre” este argumento e insistió en que lo ocurrido en este expediente es algo “frecuente”. “Neste caso foi máis grave si cabe porque en Telmo Martín conflúe a súa condición de dirixente destacado do PP, alcalde naquel momento, e promotor-constructor, pero este non é o único caso no que Encarnación Rivas fixo traxes á medida das promotoras”.
Antón Sánchez pone como ejemplo su imputación por la licencia para dos bloques de apartamentos situados en la calle Progreso. Cabe recordar que la empresa ya presentó un recurso contra la setencia del TSXG que ordena la demolición parcial de un inmueble que hace esquina entre el Paseo de Silgar y la calle Luis Vidal Rocha, por considerar que invade, en parte, la franja de protección de Costas.
La sentencia justifica que la Xunta hubiese retirado la sanción de tres millones de euros que inicialmente se proponían para esta infracción. Y es que considera que el error se debió a que la Demarcación de Costas envió un plano mal grafiado al Ayuntamiento, que fijaba la línea de protección en 19 metros y no en los 20 que establece la ley y que ahora la sentencia obliga a cumplir.
Pero para saber si habrá o no demolición, habrá que esperar a la resolución del recurso de casación ante el TSXG.
