Varela pide una “sentencia justa” y el fiscal ratifica su petición de prisión por blanqueo

La Audiencia de Pontevedra dejó ayer visto para sentencia el juicio contra la narcoabogada Tania Varela. La Fiscalía mantuvo su petición de tres años de prisión y multa de 220.000 euros para la cambadesa al considerar que no se acreditó el origen lícito del dinero con el que adquirió un coche y unos terrenos en Porto Meloxo e insistió en que con estas compras lavó dinero procedente del narcotráfico entre 2005 y 2006.

Sin embargo, su abogado, Bernardino Rodríguez, pidió la libre absolución, defendiendo que “no quedó acreditado que recibió dinero de la organización –de narcos liderada por David Pérez Lago– para nada”. La propia cambadesa hizo uso de su derecho a tomar la palabra al finalizar la sesión para pedir una “sentencia justa” declarando “mi inocencia” y “restablecer todo lo que se ha vertido sobre mí en estos años”. 

Tania Varela manifestó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público “no fueron capaces de probar que los fondos eran de origen ilícito o había entregas por parte de David Pérez Lago u otra persona interpuesta”. Esto es para adquirir un Audi y unas fincas en O Grove que el fiscal considera adquirió con fondos de la banda de narcos que intentó introducir dos toneladas de coca hace casi dos décadas; cuestión por la que ella fue condenada a siete años de prisión. Se desarticuló en la operación de Policía Nacional, Roble.

Así, Pablo Varela elevó a definitivas sus conclusiones iniciales y explicó que “no se han traído las cuentas de la sociedad porque no existen”.  y destacó que la compra de la finca meca se hizo en efectivo, por parte de Tania, con billetes de 20 y 50 euros que llevaba en un bolso. Un “modus operandi” que calificó “más propicio” en la actividad de blanqueo. Así lo había manifestado en la instrucción el vendedor del terreno, que ayer no pudo ratificar su declaración porque no se encontraba en condiciones médica –padeció un ictus–. Rodríguez protestó, pero la jueza accedió a tenerla en cuenta. 

Empresa en fase de liquidación
Pablo Varela también ve “contradicciones” entre la versión ofrecida por la cambadesa y su exsocio Marcos C.  en la inmobiliaria Rialto. El fiscal relató que su actividad se inició con la compra de un edificio en la calle Maside de Cambados –hoy en manos de la Sareb–, pero que luego Varela “usó” la sociedad “instrumental” para “blanquear” por “intereses” de la organización de Pérez Lago. El fiscal señaló que los 45.000 euros aportados por la cambadesa como parte de los 90.000 que él y su socio pagaron por el terreno no se reflejan en la contabilidad de la sociedad. Marcos C. declaró previamente como testigo e indicó que deberían estar, pero “yo no soy contable, tenía a gente para eso”. También explicó que su mitad la aportó de otra sociedad que poseía y que la inmobiliaria está hoy en fase de liquidación. En cuanto al coche, indicó que lo pusieron a nombre de la empresa para desgravar y que, tras el decomiso por la operación policial, lo usó él, pero está embargado por no pagar las cuotas de la financiera.

Otras fuentes de ingresos
En cuanto a la procedencia del dinero de Tania, aseguró desconocerla, pero agregó que “trabajaba mucho, manejaba dinero”, era “una abogada de éxito” y una “chica muy viva, que siempre estaba en cosas nuevas”. Testimonio que coincide con el de ella y otros testigos, aportados por la defensa, quienes indicaron que ingresaba dinero por importantes acuerdos comerciales, pero el fiscal sigue manteniendo que “no acreditó” esas otras fuentes de ingresos (una marca de ropa en Portugal, venta de castaña para ‘marrón glacé”, etc.) . +

“Contradicción” entre testigos
Asimismo destacó “contradicciones” entre el testimonio de su exsocio y ella. La narcoletrada señaló que dejó Rialto por “celos” de la mujer de este y él, que fue porque entró en quiebra. Pero “más extraño” le parece, y “poco creíble”, que renunciara a deshacerse de sus participaciones sin percibir nada a cambio.

También testificó desde Panamá Andrés Karim Mallot, también condenado por el alijo (alcanzó un acuerdo de conformidad reconociendo los hechos). Reconoció haber acompañado a la cambadesa y a otras personas a Sanxenxo, a firmar  ante notario la compra-venta del terreno, pero negó haber recibido dinero de Tania o de Marcos C.,ni haberle dado dinero. “Me pidieron que les acompañara a negociar la compra de terrenos y yo intentaba ganarme la vida”, añadió este taxista, quien aseguró no recordar recibir una comisión por esto y que tenía una relación con Tania porque “era cordial” y “manejaba muchos negocios y se hacía interesante su amistad”. Sí reconoció haber estado en Padrón para la boda de una amiga que él tenía en común con el hijastro de Oubiña, y haber quedado en un café con Tania, pero “no puedo precisar” porqué motivo. Una cuestión clave porque la investigación sostiene que juntos fueron a ver a un presunto testaferro de Lago para cerrar la operación del terreno. 

La finca se vendió en 2018
En cuanto a los terrenos, Marcos C. señaló que se vendieron el año pasado y esto para el fiscal es muy significativo. “Pasan 16 años sin que nadie se interese por ellos” y le parece “evidente” que los participantes en esa compra-venta eran testaferros y que no se hizo nada por su “vinculación delictiva” y porque “ninguno era el dueño efectivo” y destacó que la “única conexión” entre los participantes en esa operación era el hijastro de Oubiña que, aunque la cambadesa aseguró desconocer que se dedicaba al tráfico de drogas, “debía ser la única del pueblo” porque “ya en 1999 fue condenado por narcotráfico”. Y luego también por el alijo de Roble, donde también alcanzó un acuerdo de conformidad.

Argumentos de la defensa
Así, el letrado de la Fiscalía Antidroga mantiene que se “enriqueció” con el dinero procedente del narcotráfico y mantiene su petición de tres años y medio de prisión. Por contra, Rodríguez señaló que por “relacionarse con alguien no nos pueden atribuir ese título”, en referencia a que, aún relacionándose con gente condenada después como Karim, no significa que sea narco. Así, también señaló que en el juicio por Roble, ella fue condenada por “colaborar” no como integrante de la banda además de insistir en que actuaba como abogada y, por tanto, hay escuchas telefónicas que “vulneraron” su derecho al secreto profesional y a la “intimidad”. Pero sobre todo, para el letrado hay “ausencia de pruebas de cargo de índole económica” y una “duda más que razonable” de que se enriqueciera por el tráfico, pues insistió en que era una abogada exitosa, que ganaba su dinero, y que “no queda acreditado que recibiera dinero de la organización –de narcos– para nada”.