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sábado | 20 abril | 2024
El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Santiago de Compostela ha admitido a trámite la querella interpuesta por la CIG el pasado mes de abril contra la Consellería de Traballo e Benestar y los empresarios ligados a la Residencia Valle-Inclán de Vilanova, Franciso Rodríguez Janeiro y Enrique Martínez Núñez.
La denuncia fue formalizada ante las sospechas del sindicato de estar ante un posible delito de malversación. El juzgado, tras una dilatada tramitación, considera que hay indicios suficientes para continuar con la causa y la CIG ya ha sido llamada a declarar.
Está previsto que los empresarios puedan ser requeridos en las próximas fechas para aportar su versión, que podría ser recogida a través de los juzgados de la comarca, bien en Vilagarcía o Cambados. Por último, el órgano compostelano llamará también a responsables de la Consellería.
La central sindical se reafirmó en todo lo incluido en su denuncia. Retroceden hasta el año 2010, cuando Viajes Silgar, empresa matriz que por entonces explotaba el geriátrico, entraba en concurso. A finales de 2011, recuerdan, se había llegado a un acuerdo con todos los acreedores: A cambio de una quita en la deuda, los ingresos que garantizaba la Xunta por las plazas públicas del centro y los procedentes de las plazas privadas serían suficientes para mantener la actividad del centro y para hacer frente al pago de los atrasos.
deuda creciente
Sin embargo, Viajes Silgar entraba en liquidación en 2013, cuando la Diputación de Pontevedra, uno de sus acreedores, denunciaba que no estaba percibiendo los atrasos prometidos.
La CIG asegura que entre 2011 y 2013 primero Janeiro y luego Martínez habrían estado “desviando fondos”, los ingresos que recibía el centro, evitando así que estos llegasen a los acreedores.
La Xunta también fue denunciada porque subrayan que Benestar fue advertida de este supuesto desvío, que incluiría el dinero público recibido por las plazas autonómicas. Pero a pesar de haber sido requerida en numerosas ocasiones “mirou para outro lado”, aseguran desde el sindicato. La misma central cifra la deuda de la firma en torno a los ocho millones de euros. Solo a empleadas sindicadas de la CIG se adeudarían 1,7 millones.
