10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
Enrique Martínez Núñez, gerente de la Residencia Valle-Inclán de Vilanova, en pleno conflicto laboral; compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cambados que le iba a tomar declaración sobre la querella que contra él y contra la Xunta de Galicia interpuso el sindicato CIG por supuesta malversación de fondos públicos.
Martínez Núñez, no obstante, no declaró. No lo hizo porque, según ha trascendido de su entrevista con el juez, alegó desconocer los motivos que lo habían llevado hasta allí. Sí admitió haber recibido una citación, de ahí que se hubiera presentado, pero insistió en la idea de que desconoce cuáles son los cargos de los que se le acusa.
El órgano judicial deliberó entonces acordando entregar copia de la demanda y del expediente al gerente, citándolo nuevamente a declarar el 13 de febrero, dándole así de margen casi un mes para estudiar el texto que aseguró desconocer.
A la llegada de Enrique Martínez ayer al juzgado, fue recibido e increpado por un grupo de extrabajadoras del geriátrico y sindicalistas, actitud que el gestor del centro tildó de maleducada. La salida la realizó ya evitando la puerta principal, aunque los congregados también acudieron a una puerta secundaria para despedirlo entre gritos de protesta.
En el mismo proceso por esta querella por supuesta malversación, admitida a trámite, e instruida desde el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santiago, se llamó ya a declarar a la CIG y a Francisco Rodríguez Janeiro, el otro empresario vinculado al centro, que lo hizo desde un juzgado de Vigo, negando las acusaciones.
Desde la CIG, por su parte, valoraron ayer la comparecencia de Enrique Martínez como una “estratexia” para “gañar tempo”, apuntando, además, que el administrador concursal de la firma ligada a la residencia valoró como culpable el concurso de acreedores, descargando la responsabilidad sobre sus gestores. Por ello, pide cinco años de inhabilitación, aunque la CIG fuerza los máximos legales y solicita quince. En todo caso, falta todavía el pronunciamiento de la Fiscalía y lo que dicte el juez, que tendrá la última palabra.
