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miércoles | 24 abril | 2024
Una asamblea de trabajadores de la residencia Valle Inclán requirió la presencia de una patrulla de la Guardia Civil. Los agentes acudieron ante una llamada de los sindicatos con representación en el comité, CIG, CCOO y UGT, que denunciaron que se impidies el acceso de los empleados despedidos o sancionados (con reducciones de sueldo u otro tipo de medidas).
El responsable comarcal de la CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi, aseguró ayer que la prohibición de entrada a estas personas “chegou por parte da gobernanta que recibía orde directa do director, Enrique Martínez”. Una medida que el sindicalista define como “ilegal” ya que “teñen dereito a participar nas reunións ata que se dicte unha sentencia”.
La asamblea había sido convocada por un grupo de trabajadoras con la intención de revocar el comité de empresa, que cuenta con dos delegados de la CIG, el mismo número de UGT y uno de CCOO.
Pero, según explicó Bouzas Aboi, de las 36 personas que firmaron este escrito, presentado ante la autoridad laboral el 24 de julio, 34 fueron posteriormente incorporadas, por orden de la dirección, a otra empresa del grupo, Nurtime, y dejaron de pertenecer a Viajes Silgar (que gestiona la residencia Valle Inclán). De esta manera, el comité cerró la sesión. “Houbo traballadoras que quedaron alí” explicó el responsable de la CIG que advirtió que los acuerdos tomados no tendrán validez. Además, denunció que el ambiente en la residencia está ahora muy enrarecido y anunció que mañana volverán a las movilizaciones, tras el nuevo despido que se produjo ayer mismo contra un trabajador que “pediu a palabra na asamblea”.
