11º-26º
sábado | 20 abril | 2024
El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, considera que la nueva Ley de Costas, aún en trámite, no podrá solventar la situación de “ilegalidad” en la que se encuentra buena parte de los negocios asentados en la zona de O Terrón, según valoró ayer.
El primer edil considera que la norma, aunque podría beneficiar a núcleos tradicionales de viviendas como As Sinas, no tendrá efecto posible en O Terrón porque “obviamente, aquello no puede ser calificado de núcleo tradicional”. Por ello, la afectación de servidumbre litoral seguirá siendo de cien metros, cogiendo de lleno a la mayoría de campings y hoteles del lugar, aunque no todos, ya que hay alguno “que es legal”.
“Muchos fueron levantados irregularmente después de la Ley de Costas”, dijo Durán en alusión a la norma aún en vigor, “y los que decidieron construir ahí ya sabían a lo que se exponían”. “Lograron pasar desapercibidos sin derribo y ahora ya no se puede decretar, porque ha caducado”, explicó.
Eso sí, como su legalización “no es posible”, los establecimientos permanecerán en una suerte de limbo alegal, en el que tampoco podrán solicitar ninguna licencia de obra o mantenimiento por encontrarse fuera del planeamiento urbano. “No puede dársele”, explicó.
La única puerta que queda abierta es para los campings, que no los hoteles, ya que los primeros podrían acogerse a la previsible ampliación de usos hosteleros que la nueva norma podría, finalmente, aprobar. A falta de que el texto aún vuelva a trámite al Congreso, Durán no aventura cómo afrontar la legalización de las casas de As Sinas, el otro gran frente costero en Vilanova. Confía, pese a todo, que la ley permita “un planeamiento bastante suave: Reconocer viviendas unifamiliares en parcelas de 600 metros, con bajo y planta, que es lo que hay en As Sinas”, aunque admite que, a falta de saber cómo quedará finalmente la regulación, es difícil aventurar posibilidades.
valoración vecinal
Sin embargo, la asociación de vecinos de As Sinas y Aduana, volcados con el proceso pro legalización de sus viviendas, emitía ayer un comunicado con una visión más pesimista. Afirman que la nueva ley, de ser aprobada tal cual ha salido del Senado, “incluso antes de entrar en vigor ya es una norma obsoleta”.
Creen que nacerá muerta porque “no se conseguirá la adaptación de la realidad jurídica a la realidad física y social” y no se logrará, dicen, porque los requisitos para la legalización de núcleos tradicionales son demasiado exigentes e incluso discriminatorios.
Se rebajará la afectación de 100 a 20 metros de la costa a aquellos núcleos que en el año 88 tuvieran acceso rodado, agua, alcantarillado, luz y consolidación urbana de al menos un tercio del suelo. En caso de que faltase alguno de estos servicios, la consolidación ha de ser de dos tercios en villas con planeamiento y del 50% para los que no lo tuvieran, por lo que creen que la medida es injusta con los vecinos, que no serían responsables de si su concello tuviera o no este documento.
