VILANOVA - Recogen firmas y preparan una denuncia contra la pista de motocross en San Miguel

VILANOVA - Recogen firmas y preparan una denuncia contra la pista de motocross en San Miguel
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Al proyecto para construir una pista de motocross en Montecelo, en terrenos de la Comunidad de Montes de San Miguel de Deiro, le han salido opositores. Vecinos de Cardalda se reunieron este fin de semana para mostrar su rechazo a la instalación de este complejo en la ubicación propuesta y decidieron iniciar una campaña de recogida de firmas y presentar una denuncia ante la Policía Local.
Desde el grupo crítico alegan que “algúns de nós vivimos só a cen metros de onde pretenden facer este circuito” y anuncian que “non estamos dispostos a soportar o ruido, o po que levantan e o perigo para quen pase cerca”.
Explican desde el colectivo que el cerca de medio centenar de vecinos que representan acordó, por todo ello, recoger firmas en apoyo a sus reivindicaciones, para presentarlas el próximo miércoles en el Ayuntamiento vilanovés. 
También allí formalizarán esa denuncia ante la Policía, por el temor a que los movimientos de tierras y labores iniciadas en los terrenos no cuenten con todos los permisos necesarios. “Logo de consultar coa administración, informáronnos de que só teñen o visto bo para a cesión e o peche dos terreos e que o Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e Programas da Consellería de Medio Ambiente non recibiu proxecto de circuito de motrocross para o seu sometemento a avaliación ambiental, polo que non entendemos como xa empezaron a facer obras nestes terreos”, valoran. 
“Non estamos en contra do deporte, todo o contrario. Pero coidamos que debe facerse nos lugares axeitados”, declaraban.
Desde la Comunidad de Montes, no obstante, indicaron hace unas semanas que la Consellería de Medio Rural había dado autorización para el proyecto, tras el acuerdo de cesión de los terrenos al club promotor por parte de los comuneros, en decisión ratificada por su asamblea. 
Además, añadían que desde la concesión de ese permiso la Xunta daba un plazo de un mes para que se procediese al cierre del perímetro, para su posterior comprobación por la administración.

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