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En nombre de la ley

Predicamos en el desierto quienes defendemos la prevalencia del Estado de Derecho sobre la interesada politización de una sentencia judicial sin resignar el derecho a discutirla. “Guste más o guste menos, es la Justicia”, dice Rubén Bartolomé en Onda Cero. Lo cual me remite al componente didáctico del periodismo, que es fundamental en los procesos modeladores de una opinión pública libre y bien informada, como corresponde a los sistemas democráticos de esta parte del mundo.
 

A ese vector del análisis han de supeditarse todas las consideraciones que puedan formularse sobre la resolución del Tribunal Supremo que confirma las penas de cárcel impuestas por la Audiencia de Sevilla al expresidente andaluz, José Antonio Griñán (2009-2013) y otros nueve altos cargos de la Junta, por los distintos grados de culpabilidad en el fraude de los ERE (ayudas a trabajadores y empresas en apuros convertidas parcialmente en un foco de clientelismo).
 

Es necesario fijar esa premisa (respeto al imperio de la ley y fe en el dogma civil de la separación de poderes) antes de ejercer mi derecho a defender la honorabilidad de Chaves y de Griñán, que es una categoría ética personal e intransferible, aun reconociendo la relevancia jurídica del tipo utilizado en la sentencia (una modalidad de la malversación de fondos públicos) y ratificado por el TS. Se aplica al gobernante, no por perpetrar una mala práctica sino por haberla consentido.
 

Aunque a efectos judiciales eso tiene su plasmación en la sentencia (se da por hecho que el máximo responsable de la Junta conocía la ilegalidad del procedimiento utilizado en el reparto de las ayudas sociolaborales), a efectos morales me permito distinguir entre el gobernante corrupto y el gobernante indolente.
 

El pecado judicial de Griñán (Madrid, 1966) pudo ser la desidia. No la rapiña como engorde del patrimonio personal a costa del dinero público. Nada que ver con otras figuras del gran retablo de la corrupción nacional (Roldán, Bárcenas, Pujol, Granados o el mismísimo rey emérito). Nada que objetar a la verdad judicial, aunque resulte de un apretado tanteo de tres a dos en el seno de la sala del alto tribunal. 
 

Y nada que revisar de lo escrito hace ciento cincuenta años por Lucas Mallada en su famoso estudio sobre “Los males de la patria”, donde puso negro sobre blanco que “la indolencia general es la primera causa de la inmoralidad pública”.
 

Vale. Griñán puede ir a la cárcel. Por indolente, por no hacer bien su trabajo. 
 

Pero no por ladrón, no por haber engordado su patrimonio con fondos públicos. Podría entrar en prisión (no de momento, porque ni siquiera se conoce el texto de la resolución del TS, que va para largo), si no lo remedia el Tribunal Constitucional (recurso de amparo) o, ya por la vía política, un indulto del Gobierno (otro culebrón a la vista, ojo). 

En nombre de la ley

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