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A este paso, el último, que apague la luz

Nueva rectificación -creo que afortunada- del Gobierno en relación con el decreto sobre ahorro de energía: ha adelantado a este lunes el encuentro que iba a tener el martes con representantes autonómicos y ha ‘elevado de nivel’ esta reunión, que de ‘técnica’ pasará a ser ‘política’, con asistencia (telemática) de la vicepresidenta Ribera y la ministra de Industria, Reyes Maroto. El Ejecutivo recoge así algunas exigencias de autonomías, no solo del Partido Popular, que reclamaban un mayor contenido para el encuentro que tratará de aunar exigencias y necesidades en relación con un decreto que entrará en vigor el propio martes y que ha sido calificado como “imposible de cumplir” no solo por representantes de la oposición, sino también por los sectores afectados.


Parece increíble, pero es cierto, que una reunión ‘técnica’, como la que se preveía para el próximo martes, en torno a un decreto del Gobierno que afecta a la vida cotidiana de todos los españoles, el uso de la energía, fuese a celebrarse apenas para “resolver dudas”. No para escuchar nuevas iniciativas de la autonomías sobre cómo puede, cada una de ellas, ahorrar energía. No para consensuar una flexibilización de las “imposibles” normas del decreto. Nada de eso: lo que se pretendía era, apenas, “resolver dudas”, dijeron en el Gobierno.


O sea, que el dichoso real decreto es, ya lo estamos viendo, un semillero de dudas. Cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué se han de aplicar las restricciones a la temperatura de los establecimientos, cuántas luces de escaparates y edificios han de apagarse, quién vigila los (in)cumplimientos, qué sanciones pueden imponerse y quiénes han de imponerlas. La variopinta casuística se enfrenta a la pretensión generalizadora del decreto. Todo son incertidumbres ante una normativa legal que, contra lo que en la buena teoría debe hacer una ley, es susceptible de sembrar un cierto caos con su aplicación a partir del miércoles de esta semana que comienza.


Se detectaba perplejidad y enfado en las autonomías ante esa reunión convocada para este martes, pocas horas antes de que entrase en vigor el decreto, por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza la vicepresidenta Teresa Ribera. El hecho de que la convocatoria se efectuase desde un organismo tan específico como el que dirige alguien sin relevancia política como el balear Joan Groizard da ya una idea de que el Gobierno pretendía mantener este encuentro ‘para aclarar dudas’ en un nivel meramente técnico, alejado de la controversia política.


Una pretensión que es precisamente lo que rechazaban sobre todo desde Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se distingue por su hostilidad a las iniciativas del Gobierno central. Medios del PP admiten que la presidenta madrileña se equivocó en su reacción inicial, sugiriendo (“Madrid no se apaga”) que no pensaba cumplir las directrices del decreto, de ochenta densas páginas, de las que treinta se dedican a una especie de exposición de motivos. Pero en el PP, aun señalando que es preciso el ahorro de energía y que las leyes de la nación hay que cumplirlas “mientras se pueda”, no esconden su convicción de que el decreto “está mal hecho y es incumplible”.

A este paso, el último, que apague la luz

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