Una suprema sentencia contra Griñán y Chaves

Las sentencias hay que acatarlas, pero algunas son demasiado injustas por no ser proporcionales al daño causado. Conozco alcaldes que han pagado reiteradas facturas por importe de muchos millones de euros, con informes en contra de los funcionarios por ser ilegales, y siendo denunciados en los tribunales dictaron sentencia reconocieron la ilegalidad, pero para colmo no lo consideraron delito, sino falta administrativa. No es de extrañar que la corrupción persista. También conocí fiscales que recibieron denuncias con pruebas sobre corrupción y no cumplieron con su deber de perseguir el delito. La corrupción es culpa de los corruptos, pero también es culpa del sistema judicial, porque a veces mira para otro lado. De vez en cuando hacen una escaramuza mediática de cara a la opinión pública para hacernos creer que la justicia funciona. Las sentencias contra Chaves y Griñán son desproporcionadas sin tener en cuenta lo que aportaron a la democracia y al país que los juzgadores no le dieron el mismo tratamiento que al soberano. Los expresidentes no adjudicaron, ni pudieron demostrar que se beneficiaron de un solo euro. Desde hace muchos años vengo sosteniendo y escribiendo que hay que reducir, acotar, y concretar las 120 mil leyes para que juezas y jueces no les permita hacer política con tanto margen de maniobra para que la justicia no sea igual para todos. No se entiende como con las mismas leyes, los conservadores las interpretan de una manera, y los progresistas de otra. Lo que demuestra una evidente incongruencia. O están mal las leyes, o los jueces hacen política ideológica. A muchos jueces y políticos se les llena la boca diciendo que la ley es igual para todos, pero la ciudadanía no lo cree.

Es una pena, porque la justicia es, y seguirá siendo, la columna vertebral de la democracia y la lucha histórica para la convivencia. Si falla esta institución, fallarán todas las demás.

Mientras las leyes no sean como el manual de instrucciones de un aparato para que funcione hay que seguir forzosamente las indicaciones del folleto. No habrá proporcionalidad en las resoluciones judiciales mientras no hay un ordenamiento jurídico claro, que no permitan atajos al capricho del juzgador.

Y si a esto añadimos la tardanza de muchos años en dictar sentencias, como el caso de los ERE de Andalucía, iniciado en 2009 al 2022 (13 años) por lo que los acusados Chaves y Griñán salieran absueltos, la condena mediática seguiría en la opinión pública. El manual no admite interpretaciones de la persona. Así debieran ser las leyes. Pero claro, como dice el refrán “quien hizo la ley hizo la trampa”. Y así nos va.

El Supremo acaba de condenar a cárcel de seis años al expresidente Griñán e inhabilitación, sin haberse beneficiado de un solo euro. Pero le oí decir a Feijóo, y a los suyos que los ERE de Andalucia son el mayor escándalo de corrupción en España. Vamos a ver: el mayor escándalo de corrupción de España son los 48 millones euros del tesorero del PP en los bancos suizos, mientras los ERE son 600 millones, que también fue corrupción. La mayor corrupción es que el PP pagó más de un millón de euros con dinero negro las obras de la sede en calle Génova. El partido fue condenado como responsable subsidiario. La mayor trama de corrupción es la de Correa y otras. Mientras los ERE de Andalucía son seis millones repartidos en empresas de forma irregular.

Feijóo acusa igual que Casado, pero con otras maneras. A ver lo que duran, porque quiere volver a la política de Rajoy contra los independentistas para hacerlos crecer.