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viernes | 19 abril | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto, introduce cinco nuevos supuestos.
Estas incorporaciones serían: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos. Así lo informó ayer en rueda de prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien justificó esta decisión porque existe “una demanda social”, al tiempo que descartó que el Ejecutivo esté legislando “en caliente”.
El ministro recordó que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue “prudente” y limitó su aplicación a ocho supuestos (asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad).
Ahora, el Gobierno opina que, además de los “avales jurídicos y legales”, tiene el “principal aval”, que es la “voluntad de los ciudadanos”. “En las encuestas, la opinión pública reiteradamente puso de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves”, explicó, al tiempo que remarcó que en este apoyo hay una “cierta identidad ideológica de los votantes” de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Europa
Además, recordó que la mayoría de países europeos incluyen la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico, con gobiernos que tienen distinto color político.
“Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión”, manifestó. “Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como internacional”, apuntó Catalá.
Además, insistió varias veces en que los nuevos supuestos son “casos muy singulares y extraordinarios”. A la pregunta de si ve posible aprobar el proyecto de ley, ya que otros partidos mostraron sus reservas sobre este asunto, el ministro se limitó a señalar que ya se verá lo que sucede durante la tramitación parlamentaria, pero volvió a recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal. “Confiamos en la reflexión, en que los grupos políticos ejerzamos la función esencial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. Si el 80% de la población considera que debe existir esta pena, ¿cómo van a estar los grupos tan alejados del sentir social? Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y es lo que intentamos, legislando también cerca de las víctimas del delito”, explicó.
Además, subrayó que “no ha sido el Gobierno quien ha puesto encima de la mesa” el debate de ampliar la prisión permanente revisable, sino “los grupos que propusieron su derogación directa para volver a convertir a España en una isla en Europa”. Por eso, negó una vez más que el Ejecutivo haya aprobado este proyecto de ley “en términos de oportunidad electoral”.
