viernes 24.01.2020

Aprobada la nueva Ley de Costas entre el rechazo de los partidos y los ecologistas

El Congreso aprobó ayer la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una “protección” para el litoral, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de “amnistía” y de un paso mas para “privatizar” la costa española.

varios ecologistas se encaramaron al tejado del congreso, donde desplegaron una pancarta, tras ser desalojados de las inmediaciones efe
varios ecologistas se encaramaron al tejado del congreso, donde desplegaron una pancarta, tras ser desalojados de las inmediaciones efe

El Congreso aprobó ayer la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una “protección” para el litoral, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de “amnistía” y de un paso mas para “privatizar” la costa española.
La cámara aprobó definitivamente la reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del grupo popular, la abstención de CiU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que apoyó una sobre el cambio climático.
La privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos eran los argumentos más esgrimidos por la oposición. Izquierda Plural pidió el apoyo de otros grupos para poder presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
A los que se opusieron, Teresa Lara (PP) les respondió que sus afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o atentado ecológico “avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran un desconocimiento inadmisible”.
Tanto el Partido Popular como el Gobierno insistieron en explicar que el nuevo texto afronta los problemas que no pudo solucionar el anterior, y que prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.
Otra novedad, es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas. También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado.
Excluye a once núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales), como en Moaña, del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

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