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miércoles | 24 abril | 2024
El gobierno de Catoira compareció ayer para señalar la difícil situación económica en la que, aseguran, les deja un auto del Contencioso Administrativo número 3 que señala que el municipio debe abonar 183.906,20 euros por las obras en el conjunto histórico monumental de As Torres do Oeste.
Para hacer frente a esta cantidad, la resolución, que en cualquier caso es recurrible, da la opción de realizar el pago completo antes del 31 de diciembre de este año o incluir en los presupuestos el pago fraccionado en un margen temporal total de dos años.
El Concello debe informar al juzgado en el plazo de dos meses desde la comunicación de la sentencia, que data de julio, qué decisión adopta. De no hacerlo, señala la resolución, el tribunal “adoptará as medidas oportunas para completar a execución da sentenza, incluíndo o embargo de bens da administración local”. Además, el alcalde se expondría a multas de mil euros mensuales.
Xoán Castaño incide en que el exalcalde, Alberto García, “ocultó” un proceso judicial que comenzó en 2014, debido a la falta de acuerdo sobre las obras llevadas a cabo entre la empresa y el Concello, que fijó el precio en 60.000 euros. Marconsa recurrió a los tribunales y ya en 2016 el Contencioso número 3 les dio la razón. El recurso al TSXG tampoco fue favorable para el gabinete de García.
Castaño se queja de que ahora el municipio debe hacer frente a la cantidad fijada en su día, 154.301,42 euros, más 29.504,28 por juros de demora. Rechaza asimismo el alcalde que no se incluyese dicho pago en el Plan de Ajuste, tal y como también se señala en la sentencia del TSXG.
Dietas y otros cobros
“Agochouse información ao Pleno”, asegura Castaño, que señala que esta deuda “agrava a situación crítica por irresponsabilidade de Alberto García”. Acusa también al exregidor de cobrar 75 euros al día de las arcas municipales estando ya jubilado, así como otros gastos. “Non se cortaba en comidas. Entre dietas e locomocións este Concello gastou 28.000 euros mentras a situación era crítica”, asegura el primer edil del municipio vikingo.
Por el momento, Castaño no tiene claro que medidas se adoptarán. “Estudarase o que facer”, asegura el alcalde, que plantea la posibilidad de hacer una nueva propuesta al juzgado de pago fraccionado en cuatro o cinco años. Cuentan con algo menos de dos meses para decidir.
Avalado por los técnicos
Y eso es precisamente lo que le reclama el exregidor, Alberto García, a los actuales responsables del Concello catoirense. “O tema é o seguinte. Os alcaldes están para o bo e para o malo. Este goberno terá que solventalo, terá que recurrilo, pagarlles ou buscar un acordo”, apunta el socialista. Señala el socialista que la decisión que tomó en su momento el gobierno que presidía estaba totalmente avalada por los informes municipales. “Había unha discrepancia sobre o prezo das obras, pero non era unha discrepancia miña, senón dos técnicos, dos funcionarios e do secretario interventor”, asegura el concejal del PSOE. La obra, explica García, fue adjudicado por el Pleno, pero las discrepancias sobre el precio forman parte de la labor de gobierno, y no de la Corporación. En cuanto a su no inclusión en el Plan de Axuste, el socialista explica que se debe a que el proceso judicial estaba abierto. De hecho, aún lo está.
