CALDAS DE REIS - La jueza fija el 14 de julio como fecha límite para derribar el edificio ilegal

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra ha requerido de nuevo al Concello de Caldas que cumpla la orden de derribo parcial que pesa sobre el edificio número 57 de la Calle Real. La jueza ha fijado el 14 de julio como fecha límite en la que las obras de demolición deberían estar ejecutadas y, además, tiene pendiente de resolución una nueva multa coercitiva al alcalde, Juan Manuel Rey, por incumplir de forma reiterada las sucesivas órdenes de derribo. Hay que tener en cuenta que fue en el año 2005 cuando se convirtió en firme la sentencia que anuló la licencia otorgada por el Concello para la construcción del inmueble, por exceder los límites de profundidad establecidos por las Normas Subsidiarias. El Tibunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma, además, que el regidor ya abonó otra sanción de 1.200 euros.
Faltan once días para que venza el plazo fijado por el juzgado y todo hace indicar que volverá a incumplirse. Las obras no han comenzado y ni siquiera están adjudicadas. El pasado viernes el Pleno aprobó (con los únicos votos del grupo de gobierno socialista) la anulación de las partidas presupuestarias del Plan de Empleo y la Escuela Taller para destinar 180.000 euros a la demolición. A principios de esta semana el alcalde estimó que el proceso para adjudicar los trabajos podría prolongarse, al menos, durante un mes. Ayer reiteró que, “en cuanto sea posible legalmente se sacará la obra a concurso”.
En las últimas semanas se ha conseguido rebajar sensiblemente el presupuesto del derribo, que el arquitecto César Álvarez Arines había estimado inicialmente en más de medio millón de euros. Lo elevado de la cantidad motivó que el Concello presentase un recurso ante el TSXG solicitando que declarase la inejecutabilidad de la sentencia o, en caso contrario, que la demolición pudiera ejecutarse en tres años. Ambas peticiones fueron rechazadas por el alto tribunal, dando por válido el fallo que obliga a “la demolición del conjunto edificatorio que exceda de los límites de profundidad impuestos”, de 14 metros para el frente de la Calle Real y 24 para el de Porto do Río.  Esto conllevará que el edificio se parta, literamente, en dos eliminando la franja delimitada entre los fondos señalados por la sentencia en todas las alturas, incluido el sótano. Según un estudio de noviembre de 2010, esto conllevará la supresión, entre otros espacios, el ascensor y las escaleras que comunican verticalmente todas las plantas. De esta manera, la edificación restante quedaría sin elementos de comunicación vertical,invalidándola para el uso previsto de vivienda. n