CALDAS DE REIS - Rey confía en que la legalización permita contar con un aeródromo en la localidad

El alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, ve con buenos ojos la legalización del aeródromo de Godos, al considerar que se trata de una infraestructura positiva para el desarollo de la localidad. En este sentido, manifestó que no faltará voluntad política para que el proyecto pueda desarrollarse, aunque matizó que todo dependerá de lo que determinen los técnicos.
De todos modos, aclaró que “ata o Concello non nos chegou ningunha notificación oficial” al respecto de la legalización de esta infraestructura.
El primer edil caldense añadió que se trata de un tema complejo y estima que “a legalización dalgunhas partes pode levar moito tempo”, aunque habría otras en la que la tramitación podría ser más sencilla.

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La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha remitido a la entidad Aeródromo de Caldas SL la resolución donde indica que las obras para la construcción de 12 hangares y la pista de aterrizaje y despegue son legalizables. Por contra, ordena la demolición del local social, al considerar que “non se axusta ao concepto de obra ou instalación imprescindible para a actividade de aeronáutica”.
Fuentes de esta entidad explicaron que las instalaciones del aeródromo de Godos son compatibles con el ordenamiento urbanístico, aunque se exige –para la implantación del uso constructivo y la actividad, autorizaciones de otras administraciones– la licencia urbanística municipal, que los promotores podrían solicitar con posterioridad, hasta que no fuese otorgada la autorización. De hecho, en la comunicación que ha remitido a los promotores les indica que disponen de tres meses para presentar la solicitud de licencia o comunicación previa, debiendo mantener la suspensión de las obras mientras que “non se outorgue licenza ou non se presente a comunicación previa”.
Desde la Axencia indicaron que si transcurrido este tiempo, no actuaran en este sentido, acordará la demolición de las obras y la reposición de los terrenos afectados por la pista a costa de los interesados.
Respecto al llamado local social –precintado por el Concello porque se incumplió una orden de paralización de las obras y uso de las instalaciones–, indicaron que es ilegalizable y los promotores disponen de tres meses para derribarlo, a contar desde la notificación de la resolución. Y es que la APLU considera que “non se axusta ao concepto de obra ou instalación imprescindible para a actividade aeronáutica”. n