CATOIRA-El Concello recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de las administraciones locales

CATOIRA-El Concello recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de las administraciones locales
De izquierda a derecha: Alberto García, alcalde de Catoira; Roque Araújo, concejal de Pontecesures; y Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas

El Concello de Catoira se une a la iniciativa secundada por “un grupo duns 2.000” ayuntamientos de España no gobernados por el PP para recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de las administraciones locales, la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. El alcalde, Alberto García, lo propuso ayer al Pleno, en el que su grupo socialista cuenta con mayoría absoluta. A juicio del regidor, la nueva legislación es “disparatada” y censura el intento de “recortar competencias” a los municipios y limitar la autonomía local. De hecho, recuerda que la ley “recibiu críticas do Consello de Estado”.
El acuerdo adoptado anoche por el Pleno es el paso previo a la formalización del “conflicto en defensa de la autonomía local”, facultando al alcalde para todos los trámites que conlleve. El planteamiento que defenderá el Concello catoirense ante el Constitucional está sustentado en los artículos 140 y 141 de la Constitución Española que “no solo garantizan y protegen la existencia de los municipios y provincias”, sino que les atribuyen “funciones de gobierno y administración” y “legitiman sus políticas como expresión del principio democrático”.
Sin embargo, la nueva ley aprobada por el gobierno de Rajoy “invierte radicalmente esta interpretación” de forma que “el Estado deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local”. El argumentario del recurso critica también que se limiten competencias de los ayuntamientos para engordar las de las diputaciones, de forma que “se pretende mutilar a la institución que dispone de legitimidad democrática directa”, mientras se “confiere un trato deferente” a las diputaciones, cuyos representantes no son directamente elegidos por los ciudadanos.

sin capacidad de gestión
En definitiva, consideran los concellos que han secundado este recurso ante el Tribunal Constitucional que la nueva ley aboca a los municipios de menos de 20.000 habitantes a “convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios públicos”, degradando su condición a la de “un simple nombre”. En este sentido, se señalan como principales hándicaps de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el “desapoderamiento competencial” de los concellos, la vulneración del principio democrático en el ámbito local y la inclusión de “mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad” por parte de las administraciones central, autonómica y provincial que dejan a los ayuntamientos “en posición de subordinación y dependencia, más allá de limitar su autonomía financiera”. 

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