CUNTIS-Un técnico municipal llevará a la oposición a los juzgados por acusarlo de falsear un documento

El arquitecto del Concello de Cuntis, Ángel Güimil Sánchez, denunciará a “varios miembros” de la oposición ante los tribunales de justicia por haberlo acusado de falsificar un documento relativo a la ampliación de la senda fluvial del Gallo y de “emitir informes al gusto de la Alcaldía”. El técnico municipal firmó un acta en la que corroboraba la disponibilidad de los terrenos afectados por la obra, pero la oposición sostiene que tal disponibilidad no existía ya que el proyecto afectó a parcelas de titularidad privada. PSOE y ANC creen que el Concello ocupó irregularmente los terrenos y acabaron forzando, en en un Pleno celebrado en diciembre, el envío del expediente de la obra a la Fiscalía, al entender que pudo existir delito y con el objetivo de depurar posibles responsabilidades penales o patrimoniales.
El arquitecto ha presentado un recurso de reposición contra el citado acuerdo al considerarlo “ilegal, ilógico y arbitrario”. Reitera, como hizo en anteriores informes, que los terrenos afectados están incluidos dentro de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico y, por tanto, sujetos al uso público y destinados al paso peatonal. El técnico cree que el Concello no tenía “obligación alguna de obtener permiso de la propiedad” para ejecutar la intervención, que consistió en la extensión de un suelo de tipo terroso para “garantizar  que las crecidas del río no encharcsen ni arrastrasen a la zona de paso”. En la realización de estas obras se dañaron algunos muros y se derribó parte de una viña.
Ángel Güimil considera “infundadas” las acusaciones vertidas por la oposición y que “aparecen prefectamente transcritas” en varias actas plenarias. Cree que constituyen una “evidente intromisión en el derecho al honor, menoscabando mi crédito y estima” y recuerda que, según la Ley de Bases de Régimen Local, “los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”. Incluso entiende que las “continuas descalificaciones vertidas contra mi persona” podrían tipificarse como un presunto delito de injurias graves y con publicidad, castigadas con multa de seis a catorce meses, según el Código Penal. Así, el arquitecto anuncia en su recurso que estos hechos “serán objeto de oportuna denuncia ante el juzgado competente” para “depurar las responsabilidades penales en que hayan podido haber incurrido” los concejales de la oposición.
El alcalde, el popular Antonio Pena Abal, está “de acordo con cada un dos motivos da impugnación” esgrimidos por el técnico y, por eso, propondrá al Pleno que estime el recurso de reposición, para revocar el envío a la Fiscalía del expediente de la obra del Gallo. Sin embargo, el criterio de la secretaria municipal es diferente. Entiende que “a estimación ou desestimación” del recurso “non vai variar o curso do procedemento” y será la Fiscalía “a que valorará si o recorrente cometeu ou non o delito” del que lo acusan PSOE y ANC. En su informe, la secretaria también matiza que “nin nos antecedentes nin na parte resolutiva do acordo adoptado polo Pleno se menciona a comisión dun delito por parte do funcionario recurrente”, sino que simplemente se acuerda remitir el expediente a la Fiscalía para que sea esta la que “decida” si algún funcionario o miembro de la Corporación  incurrió en delito. Por tanto, “non podemos confundir o acordo en sí coas intervencións dos concelleiros, nas que si se pronuncian sobre a existencia duns delitos e duns responsables”, concluye la secretaria municipal.