11º-22º
martes | 16 abril | 2024
El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y los ediles del PP investigados por el presunto cobro irregular de comisiones y asistencias no declararán mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, como estaba previsto. La Fiscalía de Pontevedra ha requerido de un informe pericial que, en un plazo máximo de 30 días, deberá emitirse desde el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. El objetivo es que se emita una resolución jurídica sobre la “legalidad”, o no, “de la constitución de las Comisiones de Coordinación de delegados realizado por el Concello de Valga durante los últimos años”.
La petición de este informe no paraliza el proceso, pero sí incrementa el período de instrucción hasta los 18 meses. De hecho desde el Juzgado de Instrucción han atendido la petición del Ministerio Fiscal y advierten que las declaraciones de los investigados previstas para mañana 29 de marzo y para el próximo 5 de abril quedan “sin efecto”. Eso sí, ello no implica que, tal y como indican desde el Juzgado, “puedan volver a ser citados a la vista del resultado de la diligencia”. Una referencia clara al informe pericial que ahora se reclama y que pasaría a engrosar la documentación sobre un asunto que mantiene en vilo al actual regidor y a parte de su equipo.
Los conservadores, con el alcalde a la cabeza, están investigados por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y por la posible comisión de un delito de malversación de caudales o efectos públicos, tal y como reza el informe del Ministerio Fiscal. Los denunciantes entienden que la convocatoria de las citadas “Comisiones de Coordinación” excedían en todo caso las facultades de autoorganización que pueden tener las corporaciones locales o el propio alcalde. Una composición que, dicen los denunciantes, no se adecúa a la proporcionalidad de las distintas formaciones integradas en el Pleno. La percepción de dietas por asistencia también está en cuestión.
