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sábado | 20 abril | 2024
Un grupo de vecinos de la comarca ha decidido formar una plataforma para defenderse de las multas e intereses que el Ministerio de Hacienda les está haciendo llegar por no haber declarado las pensiones de países extranjeros en los que trabajaron y además con carácter retroactivo, de los últimos cinco años. En concreto, piden que se le retiren y se amplíe el plazo para hacer frente al pago pues se dan cantidades inasumibles en poco tiempo, como el de una vilagarciana a la que le sale a pagar 176.000 euros.
Una de sus portavoces explicó ayer que se han erigido en pie de guerra pues los afectados nunca se negaron a tributarlas. “Hay casos en los que los propios funcionarios de Hacienda les indicaron que estaban exentos e incluso hay un vecino de Barro al que entregaron un certificado donde así consta y el procedimiento se ha detenido”, añadió.
En este sentido indicaron que en otros casos tampoco se informó a la gente cuando fueron a realizar la declaración, como “le sucedió a una mujer con dos pisos alquilados que sí les incluyeron en la declaración de la Renta pero no la pensión del extranjero”.
sin explicación
Consideran que el principal problema es que la orden ministerial entró en vigor hace unos años pero “no se ha aplicado hasta el presente. Será que no hay dinero”, agregó una miembro de la plataforma. Y es que no encuentran otra explicación lógica a la “masiva” llegada de cartas a personas que trabajaron fuera de España informándoles de que ahora serán amonestados. Es más, aseguran tener indicio de que el orden seguido responde a países y a apellidos. “Primero fueron los que estuvieron en Alemania, luego Suiza y ahora aparecen algunos de Francia”.
un caso de 176.000 euros
Así, la plataforma parte de que el Estado tiene culpa en este incumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos y les pide una serie de medidas. En primer lugar que anulen las multas e intereses reclamados por demorarse en la realización de la declaración; y que se amplíe el plazo concedido para pagar los impuestos.
Sus directivos explicaron que el ministerio ofrece la posibilidad de hacerlo en 18 meses pero quieren que los plazos se marquen en función de la cantidad, ofreciendo más tiempo a las grandes cantidades. “Tenemos el caso de una señora de Vilagarcía que deberá abonar 176.000 euros y no tiene ese dinero”, añadieron.
La entidad mantuvo una reunión el pasado lunes para conformar una directiva y definir un nombre y ya ha presentado toda la documentación para legalizarla y registrarla.
miembros del ente
A este respecto explicaron que han definido la zona de Ulla-Umia como su marco de actuación pero también están recibiendo peticiones de A Estrada y de otros concellos limítrofes que asumirán sin problema porque en estas localidades no han nacido asociaciones de este tipo. De hecho, solo tienen conocimiento de una en O Morrazo.
Así, hacen un llamamiento a los afectados a unirse enviando un correo electrónico emigrantesgalegosullaumia@gmail.com o llamando al número de teléfono 600 503 540.
