Aplazan el juicio contra dos guardias civiles acusados de filtrar a narcos

La Audiencia de Pontevedra suspendió ayer el juicio contra dos guardias civiles, adscritos a la comandancia de Pontevedra, el grovense Diego Fontán y Javier L.P. que están acusados de filtrar información clasificada y secreta a diversos grupos criminales, entre ellos organizaciones que se dedicaban al narcotráfico.
El abogado de uno de los guardias civiles, que ejerce la acusación particular en el otro juicio que se está celebrando en la audiencia pontevedresa (el del crimen de Arbo), llegó a la sala con hora y media de retraso.
Esta demora impedía que se pudiesen prestar declaración varias personas por videoconferencia, debido a cuestiones técnicas, por lo que la magistrada de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha decidido aplazar el juicio hasta el 22 de enero.
La Fiscalía de Pontevedra solicita once años y medio de prisión para los dos guardias civiles, acusados de un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal. Además de la pena de prisión, el ministerio público exige que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce.
Grupo criminal
En el momento de los hechos, Javier L.P. formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia; y Diego Fontán estaba destinado a la sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial y compartía dependencias con la unidad ECO, algo que, recoge el fiscal en su escrito de acusación y que le permitía acceder a sus equipos Junto a ellos será juzgado Juan Carlos S.N., un vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra), vinculado “policialmente” al narcotráfico, según el fiscal, que era el encargado de actuar como enlace con los agentes y que se enfrenta a una condena de siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de integración en grupo criminal.
Los tres formaban parte, explica el fiscal antidroga, de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales de las investigaciones de la Guardia Civil para su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones. l