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sábado | 20 abril | 2024
La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) derribó en lo que va de año nueve construcciones y elementos habitables en O Salnés. La comarca suele ser una de las zonas donde la entidad actúa con más frecuencia de Galicia, en gran parte por edificaciones ilegales en dominio público marítimo-terrestre.
Con todo, solo Meaño está adherido a esta agencia que se encarga de la inspección de construcciones en suelo donde está prohibido por la legislación urbanística o en materia de protección del medio ambiente y el paisaje.
Desde enero y hasta hoy, ha ejecutado un total de 79 demoliciones en toda Galicia, que es el culmen de un proceso administrativo que se inicia con un expediente abierto al promotor, ordenándole el derribo, en caso de no ser legalizable, y que conlleva la correspondiente multa.
una década de proceso
Estos trámites conllevan unos plazos que, en ocasiones, demoran durante años la orden de que se repongan los terrenos afrentados a su estado original. Aún más si el afectado decide acudir a los tribunales. En O Grove ocurrió con el caso de la ampliación de una vivienda en Barcela y que la APLU ordenó derribar en 1999. Tuvieron que pasar 15 años para que se ejecutase la orden que finalmente realizó la agencia de manera subsidiaria, es decir, pasando el gasto al infractor –de unos 30.000 euros–, que además fue condenado al pago de una sanción de un millón de pesetas.
La villa costera también fue objeto de un derribo, el de una edificación en construcción con terraza que estaba en suelo rústico de protección paisajística. No obstante, de los nueve hechos en la comarca, la mayoría fueron en Sanxenxo (4), seguido de Cambados (2) y Vilanova y Vilagarcía, con uno cada uno, aunque en el caso de la capital arousana fue la retirada de una caravana aparcada cerca de la circunvalación norte. n
