miércoles 2/12/20

Arousa vive un repunte del furtivismo con la actuación de bandas organizadas

El sector clama por una sentencia “contundente” que disuada a los mariscadores ilegales de delinquir

Mariscadoras faenando en las aguas de la Ría de Arousa | g. salgado
Mariscadoras faenando en las aguas de la Ría de Arousa | g. salgado

Grupos organizados con puntos de control en puertos, playas y carreteras para evitar ser cogidos por el servicio de Gardacostas. Esta es la situación que denuncian en el margen norte de la Ría de Arousa las cofradías que vuelven a registrar un incremento masivo del furtivismo en sus aguas. Así lo refrenda el patrón mayor de la Cofradía de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, que advierte que la situación que están viviendo en estos momentos en el pósito arousano es “realmente preocupante”. De hecho manifiesta que en el caso de Rianxo “a situación é practicamente a mesma que en Cabo de Cruz, donde existen episodios moi tensos”.

Este problema de furtivismo, que en otros tiempos afectó a prácticamente toda la Ría, parece haberse concentrado en los últimos años en el margen norte. De hecho el patrón de Cambados, Ruperto Costa, afirma que en el margen sur ese tipo de episodios están “afortunadamente superados e non temos ese tipo de problemática por aquí”.

Desde Rianxo Miguel Iglesias tiene claro que “ata que non haxa unha sentencia firme que disuada a estes delincuentes van a seguir roubando o marisco e actuando como furtivos porque lles compensa”.

El sector teme que, ante esta “impunidade” los furtivos aumenten su actividad y se desplacen también hacia otros bancos marisqueros.

Cabe recordar que, precisamente, tanto la cofradía de Rianxo como la de Vilanova han perdido una subvención que destinaban para materia de vigilancia. El patrón rianxeiro incide en que, en el caso de su Pósito, “estamos falando de 94.000 euros que xa se dan por perdidos”.

Tanto Iglesias como la patrona vilanovesa acudieron el lunes a Madrid para conseguir un compromiso del Estado central de mediación ante Bruxelas por una retirada de ayudas que consideran “abusivas”.

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