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viernes | 19 abril | 2024
La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de dar carpetazo definitivo a la denuncia interpuesta por la vía penal contra el alcalde y varios concejales de Valga por el cobro de asistencia a comisiones de coordinación.
Las tres magistradas que conforman el tribunal acordaron desestimar el recurso de apelación presentado por los concejales del grupo municipal socialista, al que el alcalde, Bello Maneiro, acusa de “dilatar” el proceso para “enganar aos veciños”.
El fallo provincial confirma así el sobreseimiento provisional de la causa decretado, hasta en dos ocasiones, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis. El auto es firme y contra el mismo o cabe ningún otro recurso. El regidor y los ediles denunciados comparecieron ayer junto a uno de sus abogados para valorar la sentencia.
“Amosamos o máximo respecto polas decisións xudiciais. Pedísmolle aogra aos concelleiros do PSOE e aos seus palmeros que rectifiquen e recoñezan públicamente nos medios de comunicación e nas redes sociais, nas qeu durante tres anos estiveron intentando enganar aos veciños, que as comisións de coordinación foron sempre elgais e que a súa constitución non supuxo ningunha irregularidade”, aseguró el regidor en nombre de los todos los concejales denunciados.
El equipo de gobierno reitera que “todo o que se fixo e fai no Concello de Valga entra dentro da legalidade” y entiende que los órganos de coordinación es un “órgano importante para a boa organización e funcionamento do Concello”.
Sin “dolo”
El abogado Francisco Lago incidió en la larga duración que tuvo el procedimiento, iniciado en septiembre de 2015. Los delitos que se imputaban a los denunciados eran prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Ambos, especificó el letrado, “son dolosos, es decir, intencionados. Tiene que haber conocimiento y voluntad”.
Por ello, Lago considera que desde “el minuto uno” quedó descartado el procedimiento penal, ya que “no hay delito doloso”. Basa su afirmación en que las comisiones son instrumentos de “coordinación de la acción del gobierno” y, por tanto, “necesarias”. Pero además, incide en que están aprobadas por el Pleno desde 1991 y que las dietas que se percibieron durante un determinado número de años están incluidas en los presupuestos y fueron aprobadas “por alguno de los denunciantes”, algo en lo que también insistieron desde el equipo de gobierno.
Por ello, el abogado considera que en la dilatación del proceso “solo hubo intereses políticos” y que con el archivo definitivo de la causa en la Audiencia Provincial “se ha hecho justicia”.
José María Bello Maneiro va más allá y acusa a los socialistas de Valga de “enganar aos veciños” y de tratar de “lograr” mediante esta denuncia lo que “non consiguen nas urnas”.
