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miércoles | 24 abril | 2024
La Xunta da un plazo de treinta días a Construcciones Vicando para que inicie la segunda fase de canalización del regato que atraviesa un garaje, en Rodrigo de Mendoza. En caso de que la promotora haga caso omiso de la orden, Augas de Galicia asumirá su ejecución para, posteriormente, pasarle la factura a la firma..
Así se lo explicó el director del organismo autonómico, Roberto Rodríguez, al alcalde Alberto Varela, durante una reunión que tuvo lugar ayer en Santiago y en la que se abordaron otros compromisos de la Xunta pendientes en el municipio.
La administración autonómica llegó a plantearse la demolición del edificio, pero finalmente opta por la solución de las obras de canalización. La ejecución de la segunda fase corresponde a la empresa, que siempre se opuso a estos trabajos, llevando incluso el asunto a los tribunales.
Una obra “ilegalizable”
Tras el retraso en la canalización del regato de A Florida, que atraviesa el garaje de un edificio, se encuentran los conflictos judiciales entre la constructora y la administración. El TSXG falló en enero de 2015 a favor de Vicando en un proceso en el que reconocía que la constructora no estaba obligada a ejecutar el proyecto elaborado por la Xunta y obligaba a retrotraer el proceso hasta 2011, es decir, a tramitar el proceso de legalización de las obras. La administración autonómica comenzó un nuevo procedimiento al que Vicando presentó alegaciones. Entre ellas está el argumento de Vicando de que el problema de inundaciones que los vecinos del garaje sufren desde hace años es debido a “la propia inoperancia de las canalizaciones públicas existentes aguas arriba y aguas abajo del edificio, siendo así que la arqueta en cuestión estaba correctamente dimensionada, no como la canalización que discurre por debajo de otros viales públicos y propiedades privadas de Vilagarcía que presenta una sección claramente insuficiente”..
Vicando se amparaba asimismo en que el río de O Con ya estaba canalizado “cuando se ejecutaron las obras de construcción del edificio, en parte a través de un parking de un establecimiento comercial, en parte a través de viales públicos y de otros edificios”. Entiende así pues que la actuación que se requiere también “procede frente a esos otros propietarios, debiendo asumir todos ellos la reposición de la realidad alterada”.
Lo que se defendió en todo momento desde la Xunta de Galicia es que la obra hecha en el edificio es “ilegalizable” y que la solución pasa por la canalización del río.
Un convenio entre Xunta y Concello permitió ejecutar la primera y tercera fase de la obra, mientras que la segunda se asignaba a Vicando. Sin embargo, los propios servicios jurídicos admitieron a finales del año pasado que la resolución en la que se obligaba a la firma a realizar la segunda fase del proyecto de canalización fue dictada “fóra do prazo máximo dun ano legalmente establecido”.
Así las cosas, en enero se optó por reiniciar el expediente, ya que estos no caducan. La resolución, que conoció ayer de primera mano el regidor socialista, obliga a la promotora a iniciar las obras pendientes en un plazo máximo de treinta días . l
