Un cambadés entregado por Brasil acepta tres años de cárcel por tráfico de drogas

Un retraso de más de una década en la petición de una orden de extradición minimiza hasta tres años la pena de prisión para un cambadés que se confesó miembro del “clan de los Alvaritos”, dedicado al tráfico de distintas sustancias, como hachís y cocaína. Fue precisamente por esta última por la que es condenado Luis F.R., que huyó a Brasil después de que el Servicio de Vigilancia Aduanera abordase el yate Kalyl cerca de la costa canaria.

Aquella fue una de las primeras operaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía con José Antonio Vázquez Taín al frente. Un éxito conjunto con el SVA que permitió la incautación de 966,90 kilos de cocaína, con una pureza superior al setenta por ciento y un valor en el mercado que alcanzaría los 34 millones de euros.
La operación logró desarticular su desembarco en las Rías Baixas, destino de la droga, y detener a la mayor parte de los miembros del clan “los Alvaritos”. Su líder, Álvaro Fernández Rodríguez, fue apresado en 2006 cuando cruzaba el Atlántico en un velero. Regresaba desde algún punto de Sudamérica cuando fue arrestado por la Edoa.

En Brasil se quedaba Luis F.R., cambadés como el líder de “los Alvaritos” y ya en prisión por otro delito sin especificar en la sentencia. Sin embargo, no fue hasta ocho años después cuando lo reclamó la justicia española.
Así lo recoge el fallo emitido por la sección tres de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se basa en un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, que reconoció los hechos en todo momento. Luis F.R. no fue procesado por el alijo del Kalyl hasta enero de 2003 y hasta marzo de 2014 la justicia española no tuvo conocimiento de que el arousano se encontraba en Brasil.

Fue entonces cuando procedió a reclamarlo. El auto se emitió en marzo de 2014 y el Consejo de Ministros propuso una orden internacional de detención y extradición en mayo. Desde Brasil realizaron la entrega en septiembre de 2018, tras haber cumplido una pena de doce años y ocho meses de privación de libertad, “no constando la naturaleza o tipo de delito porque ha cumplido esta condena”, señalan en el fallo de la Audiencia Nacional. Por todo ello, el ministerio fiscal considera que la tramitación del sumario “ha sufrido importantes retrasos no imputables” al procesado, por lo que contempló la atenuante de dilaciones indebidas con carácter de muy cualificada.

Un “entramado criminal”
El procesado admitió en el juicio que en 2001 era “integrante de un entramado criminal con vocación de persistencia en el tiempo, que venía dedicándose a transportar grandes cantidades de cocaína en embarcaciones, desde Sudamérica a España” para su distribución por toda Europa. Por todo ello, la condena es de tres años y medio de cárcel y una multa de 1 millón de euros que no pagará.