El colapso judicial retrasa hasta el verano la vista por la venta de la sede del Liceo

Los presuntos hechos delictivos se remontan a hace más de seis años. El escrito del ministerio público está hecho desde hace casi dos. Sin embargo, el juicio no se celebrará, al menos, hasta el próximo verano. Esa es la fecha que apuntan desde el Juzgado de lo Penal de A Coruña para la vista que senterá en el banquillo al expresidente del Liceo Casino, Álvaro Paz, acusado de supuesta estafa. El mismo delito se le atribuyen al arquitecto Francisco Otero y a Jorge Viña y José Manuel Blanco González, representantes de Coinasa.
Esta promotora fue la que se hizo, por 1,5 millones de euros, con los terrenos de Ravella en los que estaba situada la antigua sede del Liceo Marítimo. El problema reside en que esta operación incluía varias parcelas que unos particulares reclaman como suyos y por ello recurrieron a los tribunales.
A este respecto, Paz Tarrío declaró en su momento que la venta de los terrenos ya estaba hecha cuando accedió a la presidencia del Liceo y que fue el comprador, es decir, Coinasa, el que le planteó en 2007 que había un error en la configuración catastral que se tenía que subsanar mediante escritura pública. Este trámite se realizó en 2009, después de que el Concello concediese licencia de construcción a la empresa Inversiones Liceo Marítimo S.L. para poner en marcha una urbanización con zonas verdes en la parcela situada frente a un lateral del Concello.
Sin embargo, el ministerio público considera que esta actuación conlleva la comisión de sendos delitos de estafa y falsedad documental, por lo que pide cuatro años de prisión para los cuatro implicados. Además, pide que indemnicen a la familia afectada con 252.521 euros.
Por su parte, la acusación particular, que no solicita cantidad monetaria alguna, pide que se consideren nulas las escrituras en las que se amparó la venta de la sede del Liceo Marítimo. En cuanto a la petición de prisión, los abogados de la familia que reclama estos terrenos rebajan a tres años de cárcel la pena solicitada por presunta estafa, pero añade un año de prisión por cada uno de los delitos de falsedad documental.