El colectivo de ambulantes eleva al Valedor presuntas irregularidades en el mercadillo

La Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos ha remitido una denuncia a la Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, reclamando acciones contra el Concello de Vilagarcía por ocultarles información “básica” sobre puestos el mercadillo. Fue hace unos meses cuando el colectivo presidido por José Francisco Romero Alvite solicitó formalmente al Concello vilagarciano el número de puestos existentes en el mercado de los martes y los sábados, así como el informe policial en el que se ratifique que todos los puestos tienen bien visible su licencia de venta.
El colectivo de ambulantes señala que desde el Concello se les respondió hace unos días con una resolución emitida en la Xunta de Goberno Local aportando únicamente el número de puestos que tienen actualmente autorización para vender en el mercado, concretamente 228. Sin embargo la asociación señala que “a resposta a coñecer se todos os postos exhiben publicamente e durante o tempo de venta a obrigatoria autorización municipal é básica”. Y es que la AGAA entiende que la Policía Local debe estar vigilante a la hora de “denunciar aos vendedores que ocultan a autorización” advirtiendo que estos pueden exponerse a sanciones económicas de hasta 1.500 euros. E  por ello que eleva a la Valedora la necesidad de que se exija al Concello una respuesta para conocer de primera mano si el alcalde, Alberto Varela, está “impedindo a tramitación desas denuncias, no caso de que existan”.
Los ambulantes apelan a la Comisión de Transparencia para que “estudie o que expoñemos e para que os dereitos e os intereses dos comerciantes e ambulantes de Galicia poidan ser mellor defendidos unha vez que se dispoña da información vital como é a que estamos reclamando dende hai tempo”.
AGAA entiende que “se está ocultando a sabendas unha información pública, imprescindible para poder exercer unha defensa efectiva do sector do comercio”. El colectivo señala que “preto do 50 % dos ambulantes de Galicia poden ser vendedores intrusos, polo que ningún alcalde debe consentir a actuación de vendedores ilegais que non foron aceptados noutros concellos porque o seu territorio non pode ser un paraíso fiscal”.