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sábado | 20 abril | 2024
La suspensión temporal del sistema de multas del foto-rojo es una de las opciones que maneja el gobierno local después de la sentencia judicial que apunta que el sistema de cámaras en los semáforos de Vilagarcía es ilegal. El gobierno local matizaba ayer que de momento no tienen la sentencia en sus manos, pero que una vez que les llegue serán los servicios jurídicos del Concello los que analizarán los posibles movimientos a seguir. Y es que a día de hoy hay media decena de procedimientos abiertos en los que se recurren las sanciones derivadas de las cámaras, pero ninguna sentencia más que el Concello conozca al respecto.
El gobierno presidido por Alberto Varela sostiene que existe un vacío legal respecto de la necesidad de que las cámaras se sometan al pertinente control metrológico. Apunta además que la jurisprudencia existente al respecto es “ambigua”. Ravella se apoya tanto en una sentencia del Tribunal Supremo como en un Real Decreto del año 2008 para señalar que el control metrológico que se les exige a las cámaras de Vilagarcía no es estrictamente necesario.
En este sentido el gobierno local dice que “aínda tendo a vontade do mundo en someter os dispositivos de Vilagarcía aos controis metrolóxicos aos que fai referencia a sentenza, as empresas que os instalan non saberían que procedemento ou protocolo seguir porque a lei non o establece”.
El gobierno, tal y como anunció el alcalde hace unos días, mantendrá una reunión con la jefa de la Policía Local para valorar las medidas a adoptar en este sentido. Ayer mismo desde el Concello explicaban que esta se encuentra de vacaciones, por lo que el encuentro será cuando se reincorpore y se disponga además de toda la documentación.
medida para salvar vidas
El gobierno local recuerda que, en todo caso, las cámaras se instalaron como medida para garantizar la seguridad de los peatones debido al elevado número de atropellos (algunos de ellos mortales) que se registraron en años negros como el de 2008. Según Ravella “o efecto disuasorio das cámaras fixo reducir de xeito importante tanto o número de atropelos como o de infraccións, que foron diminuíndo ano a ano”. Es por ello que, teniendo en cuenta el peligro en materia de seguridad vial que existe en zonas como la avenida Rosalía de Castro, el gobierno recuerda que existan o no estos dispositivos saltarse un semáforo en rojo es una “infracción denunciable e sancionable”. Todo este barullo derivado en torno a las cámaras de los semáforos se produce después de que un particular ganase una sentencia contra el Concello en la que se le obliga a este a retirar la sanción de 200 euros y de 6 puntos, además de abonar las costas del juicio. Además esa misma sentencia apunta a la ilegalidad de los dispositivos al carecer este del llamado “control metrológico” del que el Concello duda de su necesidad.
