Condenan a tres años de prisión a un narco de Huelva que “cayó” por las escuchas al clan de Vázquez Roma

Benito G.M., un narcotraficante andaluz que fue detenido gracias a una investigación que el Servizo de Vigilancia Aduanera llevaba a cabo en O Salnés, fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y nueve meses de cárcel y a una multa de siete millones de euros. En caso de impago, el fallo fija en un año de duración la posible responsabilidad penal subsidiaria y ordena la comisión de todos los bienes y el dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes.
El alto tribunal ratifica así una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que sentó en el banquillo a Benito G.M. y a Juan Miguel M.V., ambos vecinos de Huelva, tras una instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados .
Los hechos se remontan a abril de 2009, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera estrechaban el cerco sobre el clan Roma, y en el marco de unas escuchas tuvieron conocimiento de que Benito G.M., con domicilio en Villablanca (Huelva) “se había puesto de acuerdo con otras personas a las que no se ha logrado identificar para que estas suministraran una cantidad aproximada de tres mil kilos de hachís”, según se considera probado en la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que el Tribunal Supremo acaba de confirmar.
Gracias a las escuchas del SVA se pudo interceptar la operación, que se llevó a cabo en la costa de Huelva. Allí estaba presente la Guardia Civil a las 19:40 horas del día 23, cuando a “la altura de la entrada del denominado Caño Canela, en la localidad de Isla Cristina” personas no identificadas “se dedicaron a transbordar los fardos con la droga desde el pesquero a otra embarcación de menor porte”.
La droga recuperada alcanzó un peso total de 2.568 kilos, con un valor en el mercado ilícito de más de tres millones y medio de euros.
Los abogados de Benito G.M. trataron en todo momento de echar abajo la investigación llevada a cabo por el SVA, que ahora avala el Tribunal Supremo. Durante el juicio en la Audiencia alegaron que las competencias correspondían a la sala de Ayamonte (Huelva), una cuestión ya resuelta durante las diligencias previas. Posteriormente, en los recursos al Supremo, pusieron en entredicho la legalidad de las escuchas, lo que se desestima en este fallo, que condena en costas al recurrente.