El deslinde que permitió asfaltar el acceso al campo de golf todavía debe legalizarse

El deslinde que permitió asfaltar el acceso al campo de golf todavía debe legalizarse
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía llama a la comunidad de herederos del Pazo de Rubiáns para que acepte la propuesta de deslinde que presenta la Comunidad de Montes de Loenzo o, en su defecto, presente las alegaciones que consideren oportunas. Un trámite destinado a “evitar desplazamientos y trámites innecesarios”, según señala el auto judicial. Nada raro si no fuera porque ambas entidades acordaron un deslinde en noviembre de 2011 y entonces no se citó a todos los nudos propietarios. Gonzalo Ozores, uno de los herederos de los terrenos, permaneció ajeno a este proceso que fue clave en la obtención de determinados permisos y también en el asfaltado de los accesos al campo de golf, que corrió a cargo de la Diputación de Pontevedra.
Actuaciones que se realizaron sobre terrenos comunales y en base a un acuerdo que todavía debe legalizarse. El hecho de que el Juzgado cite expresamente a Gonzalo Ozores Rey no hace sino dar la razón a este nudo propietario, que se opuso desde el primer momento al campo de golf y así lo hizo constar en diversas administraciones.
El presidente de la Comunidad de Montes, Daniel Abalo, asegura que la citación judicial es un “trámite” para que el deslinde pueda ser aprobado por el Xurado Provincial. Sin embargo, este paso se da tres años después del acuerdo y cuando parte de los terrenos afectados por el deslinde han experimentado una notable transformación
A lo largo de estos años se han ido realizando diversos trámites, como el deslinde, sin el acuerdo de todos los propietarios. Ozores Rey solicitó en varias ocasiones el amparo del Concello pero nunca logró que se ordenase la paralización de las obras de construcción de un campo de golf sobre los terrenos que forman parte de su herencia. No fue hasta el mes de junio de este año, y después de que el campo de golf llevase abierto un año, cuando el gobierno local se decidió a echar el cierre sobre unas instalaciones que carecían de permiso de actividad y de construcción, por lo que nunca deberían haberse puesto en marcha. Un final que el alcalde, Tomás Fole, definió como “triste” para un proyecto que desde el primer momento se vendió como “motor” de turismo y de empleo.

El deslinde que permitió asfaltar el acceso al campo de golf todavía debe legalizarse

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