El fiscal mantiene la petición de cárcel por la venta del Liceo Marítimo

El fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para los acusados por la venta de la sede del Liceo Marítimo. El ministerio público tan solo modificó sus conclusiones para ponerse del lado de la acusación particular a la hora de reclamar la nulidad de las escrituras de compraventa, de segregación para la creación de viales, las inscripciones realizadas en el Registro de la Propiedad y la rectificación catastral.
Entre los acusados se encuentra el expresidente del Liceo, Álvaro Paz, así como el arquitecto Francisco Otero y dos representantes de la firma Coinasa, que compró los terrenos, José Manuel Blanco y Jorge Luis Viña.
El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña dejó vista para sentencia la causa, tras un juicio que comenzó a principios de mes y que se prolongó durante varias jornadas, aplazándose la última hasta ayer.
La sentencia tendrá que dirimir si hubo estafa al incluir como parte del terreno una finca que servía de camino de servidumbre y cuya titularidad reclaman los demandantes.
La defensa pide la libre absolución y defiende que es “inadmisible” que el asunto se dirima por lo penal, y no por lo civil. Consideran además los abogados de los acusados que no existe ninguna prueba para sustentar la titularidad de dicha parcela y que los demandantes solo argumentaron que su padre defendía que la titularidad era de ellos.
El abogado del Concello, que dio licencia de demolición del edificio y al proyecto de urbanización presentado por Coinasa, también incidió en ese argumento, asegurando que en la administración municipal no se presentó “ni una sola prueba” de que la servidumbre era de titularidad de los demandantes.

Finca de servidumbre
En la última jornada declaró un perito. Estaba previsto también que lo hiciese una testigo, pero finalmente no apareció. Clave fue la intervención, en los días pasados, del expresidente del Liceo cuando se acordó su venta, José Manuel Pérez Vallejo. El exconcejal aseguró que él se limitó a la venta del edificio, desvinculándose de lo sucedido con la parcela. Su testimonio basó buena parte del argumentario de la acusación particular.
Sin embargo, la defensa esgrimió actas de asambleas en las que Vallejo defiende que la servidumbre es del Liceo en base al testimonio de un expresidente anterior. Lo cierto es que, antes de su demolición, el Liceo Marítimo ocupó los terrenos que ahora reclaman los demandantes. De hecho, sobre dicha parte se asentaba la antigua cafetería del pabellón. Además, uno de los acusados, Álvaro Paz, esgrimió durante el juicio que, en su mandato, se pagaron unos honorarios reclamados por un arquitecto por redactar un convenio de urbanización para la finca situada en Ravella.
En caso de que la sentencia resulte favorable para los demandantes, el convenio urbanístico firmado para esta parcela quedaría anulado. l