Hacienda cree que el resto de orquestas eran “reos” para Lito, que se negó a declarar

El empresario pontevedrés Ángel Martínez Pérez, conocido como ‘Lito’, ha ejercido su derecho a no declarar ante el tribunal que le ha juzgado ayer por seis delitos fiscales contra la Hacienda pública, por no haber tributado lo debido en el impuesto de sociedades, IRPF e IVA en 2011 y 2012. La Fiscalía solicita 14 años de prisión y el pago de casi 53 millones de euros, nueve de los cuales se corresponderían con las cantidades presuntamente defraudadas en esos dos años. En la vista oral, celebrada ayer en la Audiencia de Pontevedra, los peritos de la Agencia Tributaria confirmaron que “Lito”, que está considerado como el rey de las orquestas gallegas, controlaba “claramente” el 60% del sector y gestionaba su actividad de una manera “opaca”.

“Es un claro ejemplo de economía sumergida”, han explicado. Esas orquestas, han señalado los expertos, eran “reos y prisioneros” del empresario y de la compañía que administraba.

Propuesta alternativa
Los peritos de la Agencia Tributaria también analizaron las relaciones que tenía ‘Lito’ con los agentes de zona que se repartían toda Galicia como intermediarios entre las orquestas y las comisiones de fiestas y que, aunque se presentaban como trabajadores autónomos que cobraban una comisión, de la documentación se deduce que “trabajan para Lito”.

Dos de esos agentes explicaron ante el tribunal que a ellos les pagaban las comisiones de fiestas y no trabajaban en exclusiva para el acusado, sino que ofrecían otras orquestas y artistas como agentes autónomos, pero los peritos han descartado que el empresario fuese un “mero intermediario”. Sin embargo, tanto dos peritos aportados por la defensa como dos antiguos trabajadores de Espectáculos Lito, que insistieron en que el empresario solo cobraba por su “gestión de intermediación” entre las orquestas y los promotores de las fiestas y se llevaba una comisión por ello.

El abogado del empresario pontevedrés ha defendido, siguiendo esta tesis, que “Lito” debía pagar impuestos solo por el 5% del total de la actividad, pues es el dinero con el que se quedaba su cliente en concepto de comisión. Ante la posibilidad de que las magistradas acepten este argumento, el fiscal, Augusto Santaló, mantiene los 14 años de cárcel y el pago de 52 millones de multa pero, como propuesta alternativa, plantea doce años de cárcel.