El juicio entre Pazo y promotora pone en evidencia la “ilegalidad” del campo de golf

La construcción de un campo de golf en el Pazo de Rubiáns se llevó a cabo sin licencias de ningún tipo y sin que, a día de hoy, nadie asuma la responsabilidad por esta cuestión. Así se desprende de la vista celebrada ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía, ante la demanda de Arousa Golf, que reclama 1,5 millones de euros a la casa señorial que, por su parte, responsabiliza por completo a la empresa del cierre de las instalaciones.
En este sentido, Paloma Rey, usufructuaria de los terrenos, declaró que desde el momento en el que llegó a un acuerdo con la promotora les dejó claro que ella no era propietaria y que en este sentido “podría surgir algún problema” con su hijo, Gonzalo Ozores, con el que dijo mantener una “mala” relación y que fue el que se personó en las administraciones contra la concesión de permisos. Para el abogado de Arousa Golf, la cuestión de la “clandestinadad” de las obras queda fuera de toda duda desde el momento en el que se desarrollaron, dijo, con “conocimiento y consentimiento de las administraciones públicas”, y recalcó que los alcaldes de Caldas y Vilagarcía, Juan Manuel Rey y Tomás Fole, asistieron a la inauguración porque “era una obra de  interés general” y buena para el “turismo”.
Asimismo, destacaron que la parte arrendadora “participó en la actividad que se llevó a cabo” sobre los terrenos. Una cuestión que negó Paloma Rey y su defensa, que aseguraron que simplemente se dedicó a alquilar los terrenos y a “darles un vino” a los participantes en el acto de inauguración. La acusación reiteró que correspondería a Rey la obligación de vincular la totalidad de los terrenos al campo de golf en el Registro, trámite que no se pudo realizar por la oposición de su hijo Gonzalo Ozores, y por ello piden la nulidad del contrato ante la imposibilidad de llevar a cabo en los terrenos la actividad y una indemnización.
Para la defensa de Rey, sin embargo, la reclamación es “desproporcionada” y que concediéndoles una indemnización se “estaría premiando a la parte infractora” ya que, dijo la abogada, Arousa Golf “de libre voluntad y en pleno conocimiento, inició una construcción ilegal, sin licencias”. Por ello, realizaron una reclamación subsidiaria para que la empresa reponga los terrenos a su estado original.