10º-22º
martes | 23 abril | 2024
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga al Concello a iniciar el procedimiento de resolución del contrato del aparcamiento Xoán XXIII. Rechaza así el recurso presentado por la administración municipal a un auto anterior del Contencioso número 3 de Pontevedra. La Xunta Local de Goberno ya acordó recurrir por casación y agotar todas las vías. Además, el TSXG impone a Ravella unas costas de hasta mil euros.
La mercantil Proinsa entró en concurso voluntario de acreedores el 17 de febrero de 2010, siete años después de firmar un contrato con el Concello, entonces con el socialista Javier Gago en la Alcaldía, que le otorgaba la construcción y explotación del aparcamiento por un periodo de medio siglo.
La empresa pide por primera vez en 2014 la resolución del contrato, pero todo se precipita con la entrada en fase de liquidación, que concluye en febrero de 2019, cuando el Juzgado de lo Mercantil aprueba el plan.
“Ante el silencio del Concello en respuesta a la solicitud de resolución de mutuo acuerdo de la concesión en su día presentada, por escrito de 08-10-2019, la administración concursal de Proinsa insiste en solicitar el inicio de la tramitación del oportuno expediente de resolución del contrato”. La petición se reitera cinco meses después, en marzo de 2020.
La respuesta que obtienen, en todo momento, es el silencio por parte del Concello de Vilagarcía. Al dar por desestimada su solicitud, Proinsa decide recurrir a los tribunales. El primer paso es el contencioso, que da la razón a Proinsa al entender que “la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en c aso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución de contrato”.
La sentencia del juzgado pontevedrés fue recurrida por la administración municipal al TSXG. Los letrados de Ravella alegan su rechazo a la aplicación de la normativa vigente en el año 2000, pero el fallo señala que las directrices europeas indican que los contratos iniciados antes de la Ley 9/2017 deben regirse por la normativa anterior. Además, la sentencia reprocha al Concello que no exponga al tribunal razones de “interés público (ni de otra clase) para explicar o demostrar su pasividad”. Poco después de iniciar Proinsa el proceso, el Concello mostró su rechazo a comprar el aparcamiento debido a que, aseguraron fuentes municipales, la firma exigía 2,9 millones de euros, a lo que se sumaría la reparación de las deficiencias de las instalaciones.
En diciembre del año pasado, el Concello anunciaba que se iniciaban los trámites para resolver la polémica concesión. Aunque desde ya declaraban la intención de recurrir al TSXG, decidieron comenzar este proceso de forma paralela. El primer paso fue encargar una tasación actualizada, que lo valoró en 591.000 euros. El siguiente, decían entonces, “será dar audiencia a la administración concursal de Proinsa y de las firmas acreedoras”.
Desde el gabinete de Alberto Varela no aclaraban si, una vez recuperado el parking, se apostaría por una nueva concesión o por la gestión directa, que la izquierda lleva años reclamando en el Consistorio.
