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viernes | 19 abril | 2024
La portavoz de la CIG, Rosa Abuín, registró ayer en Ravella el cartel de la venta de Alfageme con la intención de involucrar al alcalde vilagarciano, Tomás Fole, en la operación inmobiliaria. También lo hará en el Concello de Cambados y Ribadumia. “Hoxe non me deu tempo, pero mañán sen falta fareino”, dijo ayer la sindicalista.
La posibilidad cada vez más remota de recuperar el proyecto industrial de la conservera pasa por la búsqueda de un comprador que garantice los 150 puestos de trabajo y la recuperación de la actividad. Algo que cada vez está más complicado tras la venta de la maquinaria de las dos naves de Ribadumia y Vilaxoán a un empresario murciano que ya previamente se había hecho con el mobiliario de las naves de Vigo y O Grove.
La campaña de venta que presentó la sindicalista hace unos días junto a dos trabajadoras va acompañada de un contencioso que el sindicato ya interpuso contra varios responsables autonómicos implicados en las distintas fases del conflicto de Alfageme contra el actual conselleiro de Industria, Francisco Conde; el anterior titular de esta cartera, Javier Guerra; el director del Igape, Javier Aguilera;Elena Muñoz, conselleira de Facenda y la secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, Socorro Martín Hierro, por la gestión del conflicto laboral de Bernardo Alfageme en el que ven indicios de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
El sindicato cree que son varios los fallos cometidos por la administración autonómica en este conflicto y los enumera en la denuncia ya presentada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así, en el escrito acusan a la administración de “a omisión consciente de voluntaria do procedemento para a adxudicación dos bens inmobles”. Pero también de la pérdida de casi seis millones de euros al no estar incluidos los bienes inmuebles en el auto de liquidación de la administración concursal aunque sí en la hipoteca.
“Sendo os denunciados conscientes de que a súa actuación había de producir unha perda de garantías de case seis millóns de euros decidiron no último intre acudir á poxa co fin de tentar agochar a perda dos bens mobles que crian hipotecados e co fin de que unha vez adxudicados os inmobles, fosen considerados como incluidos na adxudicación e así solucionar a inxustificable perda de seis millóns de euros”.
