El Pazo de Rubiáns se enfrenta a una reclamación de 1,5 millones de euros

Una demanda millonaria. Ese es el final del campo de golf de Rubiáns. Un proyecto por el que apostó firmemente el bipartito conservador de Tomás Fole y cuyo destino se resolverá definitivamente en los tribunales. La fecha del juicio también es significativa: El 23 de abril, a un mes de que se celebren las elecciones municipales.
La promotora, Arousa Golf, demanda al Pazo de Rubiáns la nulidad del contrato y solicita a la arrendataria, Paloma Rey Fernández, una indemnización de 1,5 millones de euros.
La firma cifra en 739.383,91 euros lo invertido en la construcción del campo de golf. Además, reclama esta misma suma, y el interés legal desde la interposición de la demanda (que se presentó en mayo de año pasado) en concepto de indemnización por los prejuicios causados.

los comuneros, otro frente
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 aplazó la vista por la demanda de deslinde presentada por la Comunidad de Montes de Loenzo. Uno de los citados por la jueza es Gonzalo Ozores Rey, uno de los herederos de la emblemática finca que, sin embargo, no participó en ninguno de los pasos anteriores del proceso y que advierte desde ya que va a oponerse a esta actuación. Y es que, entre otras cuestiones, el deslinde afecta a una de las fincas sobre las que se construyó el campo de golf que finalmente tuvo que ser clausurado. Pero esta no es la única circunstancia extraña del acuerdo entre comuneros y Pazo, que se firmó sin que estuvieran presentes todos los herederos. Un ingeniero del Pazo actuó como mandatario verbal de la comunidad, alegando que no era necesaria la presencia del nudo propietario, algo que ahora desmiente la propia citación del juzgado vilagarciano, que abre proceso paa legalizar el acuerdo en una vista que todavía no tiene fecha.
Además, en la escritura de paso de servidumbre firmada el 25 de mayo de 2012 los comuneros otorgan a los herederos del Pazo facultad para “paso a pie y vehículos de simple tracción” y señalan expresamente que la pista “en ningún caso podrá ser asfaltada”. La Diputación de Pontevedra cementó estos terrenos comunales para dar acceso al campo de golf que finalmente fue cerrado.