Prisión para los guardias acusados de filtrar datos a narcotraficantes

Los dos guardias civiles detenidos por filtrar datos de operaciones antidroga a los narcotraficantes, han ingresado en prisión al igual que otro de los seis arrestados en el marco de la investigación que dirige el titular de Juzgado número dos de Pontevedra, Xermán Varela, en coordinación con el fiscal, Luis Uriarte.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas. De hecho, se han practicado registros en varios municipios de O Salnés, como Vilagarcía, Vilanova, O Grove o Cambados. El resto de personas arrestadas quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Policía.
Diego Fontán y Javier López son los dos agentes detenidos en el marco de un operativo que se puso en marcha desde la Guardia Civil para en el marco de la lucha contra los casos de corrupción que se puedan dar tanto fuera como dentro de la propia institución.
El lujoso estilo de vida del grovense Fontán, de 30 años e hijo del que fue hasta hace poco el responsable de la Edoa en la provincia de Pontevedra, capiteneando numerosas operaciones antidroga, Carlos Fontán, despertó hace tiempo las sospechas del instituto armado.
 A él y al otro guardia civil se le imputan sendos delitos de infidelidad en la custodia de documentos oficiales, por lo que el juez ordenó el ingreso en prisión de ambos.
Los otras cuatro personas arrestadas en el marco de este operativo están acusadas de un delito de revelación de secretos, pero tan solo una de ellas tuvo que ingresar en la cárcel.
Diego Fontán pertenecía a la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil mientras que López formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado. El juez decidió enviar a ambos a prisión para evitar la posible destrucción de pruebas.
Los agentes que registraron su domicilio encontraron en los ordenadores informes y atestados muy relevantes para el caso y que al parecer filtraba a presuntos narcotraficantes para beneficiarse económica o materialmente.
El objetivo es ahora determinar si estos “chivatazos” pudieran haber sido la causa de que se frustraran importantes operativos contra el mercado ilegal de sustancias estupefacientes y contra el crimen organizado.