viernes 22/1/21

Ravella defiende que la licencia de obra a Coinasa se atuvo a la normativa

El Concello defenderá en el juicio por la venta de la sede del antiguo Liceo Marítimo que el proyecto de urbanización presentado por Coinasa y la licencia de construcción otorgada por la administración municipal siguió “el procedimiento establecido y de acuerdo con todos los documentos que obran en el expediente”.

Solar de la antigua sede del Liceo Marítimo en la que está previsto la puesta en  marcha de una urbanización | Gonzalo Salgado
Solar de la antigua sede del Liceo Marítimo en la que está previsto la puesta en marcha de una urbanización | Gonzalo Salgado

El Concello defenderá en el juicio por la venta de la sede del antiguo Liceo Marítimo que el proyecto de urbanización presentado por Coinasa y la licencia de construcción otorgada por la administración municipal siguió “el procedimiento establecido y de acuerdo con todos los documentos que obran en el expediente”.
Entre esos documentos se encuentran los planos presentados por el Liceo y que incluyen esa parte del camino de servidumbre de la finca que propietarios de varios terrenos anexos reclaman como propios.
El Juzgado de lo Penal acogerá en breve el juicio contra el que era presidente de la entidad en el momento de los hechos, Álvaro Paz,  dos representantes de la firma Inversiones Liceo, que redactó los proyectos de urbanización y construcción, José Manuel Blanco y Jorge Luis Viña, y contra Francisco Otero, arquitecto de la misma empresa promotora, a los que el fiscal pide cuatro años de cárcel por un delito de falsedad en documento público en concurso de normas con otro de estafa.
Cabe recordar que el contrato de compraventa de la finca, que dio lugar a este proceso judicial, se firmó en 2002, tres años antes de que Paz Tarrío accediese a la presidencia del Liceo, que entonces estaba bajo el mando de José Manuel Pérez Vallejo, citado en calidad de testigo.
Una solicitud al catastro
El papel de Paz Tarrío se limitó a la firma de la solicitud al catastro para que incluyese los 2.797 metros cuadrados que figuraban en el contrato, frente a los 2.500 que se recogían, y aportando un plano firmado por el arquitecto Otero Blanco. Para la Fiscalía, lo hicieron “conscientes, sobradamente, de que el mismo no se correspondía con la realidad topográfica del terreno, ni con la perimetría catastral del estado anterior de la finca, incrementando la superficie de la parcela en 154 metros cuadrados”. Sin embargo, las mediciones se correspondían con los documentos que obraban en el Concello sobre este expediente, según explican desde la administración municipal, que defenderá la legalidad de la licencia concedida en el juicio en la que está citada en calidad de posible responsable civil, para el caso de que se condene a los acusados y se fijen indemnizaciones. l

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