Las Rías Baixas, segunda en el ranking nacional de inmuebles incautados en 2017

Los agentes sociales de la lucha contra el narcotráfico insisten desde hace años en la imperiosa necesidad de despojar a los delincuentes de sus bienes para cortar el problema de raíz. La última reforma del Código Penal mejoró esta parte del trabajo policial y judicial y en los últimos 20 años, el Estado ha decomisado más de 37.400 bienes. Las Rías Baixas sigue siendo una de las principales vías de entrada de cocaína en Europa y esto se nota en ese ranking nacional. Así, en 2017 se situó como el segundo lugar de España con el mayor número de inmuebles incautados por tráfico u otros delitos relacionados, con un total de 17 y detrás de toda la comunidad autónoma de Madrid, donde la cifra ascendió a 90.

En el cómputo global, Andalucía lidera la lista desde que el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas elabora listados, 1996. Sin embargo, la provincia de Pontevedra ha sido escenario de casos muy destacados por la presencia de los clanes gallego de la droga. Cabe destacar la venta realizada por la Agencia Tributaria sobre los Charlines, que hace una década se consideró la mayor subasta de propiedades compradas con dinero de la droga con más de 30 bienes de diferente naturaleza. Entre ellos estaba el Pazo de Vista Real, adquirido por el Concello de Vilanova, pero también fue célebre la venta del Pazo Baión, convertido hoy en joya enoturística de O Salnés.

El histórico inmueble perteneció a Laureano Oubiña que también perdió buena parte de su patrimonio en estos procesos, aunque sus hijas mantienen abierto un litigio judicial para reclamar la parte correspondiente por su madre, Esther Lago, fallecida sin condena. Y al listado se suman José Antonio Pouso Rivas, el narco ribeirense conocido como “Pelopincho” y en paradero desconocido. En su caso, el Estado tuvo en su poder 15 millones de euros, en fincas, chalés, naves industriales, bajos comerciales, etc. Sin embargo, muchos perdieron valor, un mal común. Los largos procesos judiciales –es necesaria una sentencia firme– hacen mella en las propiedades inmuebles, pero además, el Fondo se encuentra a veces con cargas hipotecarias u de otro tipo, como unos inquilinos con derechos de alquiler, difíciles de resolver.

A todo ello se suma la falta de personal para estas tareas y la necesidad de tener que recurrir a agentes externos para gestionarlo adecuadamente. El Fondo lo refleja como uno de sus problemas más acuciantes en sus últimos informes anuales, incluido el de 2017, pero sin conseguir una solución adecuada.

1.598 bienes desde 1996
Este documento también detalla que en los últimos 21 años se incautaron en Galicia 1.598 bienes de los cuales, 871 estaban en las Rías Baixas, siendo la décimo cuarta provincia con más bienes incautados en el mismo periodo. La cifra ascendió a 47 el año pasado, destacando 13 inmuebles, 19 joyas y otros objetos y 13 vehículos.