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Nueve concejales permanecen imputados en el gobierno del PP en Santiago

Redacción | 28 de mayo de 2014

El alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP). EFE/Archivo
El alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP). EFE/Archivo

El grupo de gobierno de Santiago, en manos del PP, tiene en este momento a nueve de sus concejales imputados en alguna de las causas judiciales abiertas en los últimos dos años en este Ayuntamiento, incluido su alcalde, Ángel Currás.

El grupo de gobierno de Santiago, en manos del PP, tiene en este momento a nueve de sus concejales imputados en alguna de las causas judiciales abiertas en los últimos dos años en este Ayuntamiento, incluido su alcalde, Ángel Currás.

La dimisión del hasta ahora responsable de Deportes, Adrián Varela, acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en la operación Pokemon y pendiente de declarar el 13 de junio por el presunto intento de despido de una empleada casada con un sindicalista de la CIG, no es la única salida por un motivo así.

Su vacante en el ejecutivo local, que componen trece miembros, aún no se ha cubierto.

Antes que Adrián Varela, el encargado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de la Grúa y de la ORA, Albino Vázquez, dimitió en febrero del año pasado tras ser imputado en la operación Manga, una derivación de la Pokemon, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

Quedó en libertad previo pago de una fianza de 15.000 euros y lo sustituyó José María Rosende Rico, pese a sus reticencias iniciales y después de haber renunciado la persona que lo precedía en la lista.

La de Albino Vázquez fue la misma situación que la de Ángel Espadas, ex asesor del alcalde que cogió el bastón de mando en 2011, Gerardo Conde Roa.

Espadas se encuentra imputado en la operación Manga por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Llegó a ser enviado a prisión preventiva por la jueza instructora Pilar de Lara, después de prestar declaración durante más de cuatro horas y de que su domicilio fuese registrado por los agentes de Vigilancia Aduanera.

Estuvo más de un mes en el penal de Teixeiro (A Coruña), un centro penitenciario que dejó tras depositar una fianza de 10.000 euros.

Conde Roa también está imputado en esta trama por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, pero dimitió en abril del año 2012 por otra instrucción distinta, tras la que fue condenado por fraude fiscal.

En la actualidad, siete concejales acusados de la posible comisión de un delito de prevaricación tras haber acordado en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 pagar con fondos públicos la defensa de Adrián Varela se encuentran a la espera de sentencia.

Pese al acuerdo adoptado, no se hizo ningún desembolso y el ex edil de Deportes costea su defensa con sus medios.

Estos concejales que el pasado día 19 se sentaron en el banquillo y para quienes la fiscalía pide hasta nueve años de inhabilitación son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya.

El regidor Ángel Currás, que relevó a Conde Roa, está imputado por la supuesta comisión de tráfico de influencias en el marco de la operación Pokemon, que persigue desmontar una presunta trama corrupta que se gestaría a través de adjudicaciones de las administraciones locales a empresas, principalmente al Grupo Vendex.

La concejala de Educación, Rebeca Domínguez, se enfrenta a la misma acusación que el regidor dentro de la operación Pokemon.

Sobre la teniente alcalde, Reyes Leis, no pesa imputación alguna, y tampoco se encuentran en esta situación Rosende Rico ni Luis Meijide, que sustituyó a la actual diputada autonómica y portavoz del PPdeG Paula Prado, que, aunque no imputada, está salpicada por la operación Pokemon.

La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, instructora de esta causa, ordenó abrir una pieza separada sobre la portavoz del PPdeG, Paula Prado, y preguntar al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al TSXG por su condición de aforada al ser diputada autonómica.

La magistrada basa su petición en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la número tres de los populares gallegos en el Ayuntamiento de Santiago, en los que se aprecian "varias irregularidades que pudiesen ser constitutivas de infracción penal", entre ellas el pago de una factura por la representación del espectáculo 'La abeja maya', que estaría inflada para beneficiar a un empresario imputado, Jesús Fuentes.

La jueza también atribuye a la portavoz del PPdeG su presunta participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados y ya fuera de la corporación, Albino Vázquez y Adrián Varela, así como el entonces jefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, para "beneficiar económicamente a su marido" en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.

Paula Prado compareció como testigo y su declaración continúa bajo secreto.

En la Operación Pokemon también está imputado por los delitos de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias el edil del PSOE Bernardino Rama, mano derecha del predecesor de Conde Roa, el socialista y diputado gallego Xosé Antonio Sánchez Bugallo, mientras estuvo de alcalde.

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